Los tres militares mexicanos que seguían enjuiciados por el polémico caso de Tlatlaya (centro), en el que 22 civiles murieron en un enfrentamiento con soldados en 2014 donde hubo supuestas ejecuciones extrajudiciales, fueron absueltos y serán liberados, con lo que todos los acusados quedaron libres.
Un juez federal «desestimó los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público de la Federación para demostrar la culpabilidad» de estos tres soldados y los absolvió de los delitos de homicidio, encubrimiento en la modalidad de alteración y modificación ilícita de vestigio del hecho delictivo, dijo la fiscalía en un comunicado la noche del viernes.
Aunque la dependencia aseguró que había aportado «los elementos de prueba suficientes para procesar a los tres elementos militares», dijo que acató la decisión del juez.
Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides eran los únicos que enfrentaban cargos ante un tribunal civil y que estaban presos en la Prisión Militar Número 1-A en la Ciudad de México por el caso.
Los tres ya habían sido absueltos por un tribunal militar en octubre pasado junto a otros tres compañeros y al comandante del grupo militar, el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, generando fuertes críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Los hechos ocurrieron la madrugada del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, una comunidad rural del Estado de México (centro), limítrofe con los convulsos estados de Guerrero y Michoacán, donde supuestamente los delincuentes tenían secuestradas a tres mujeres.
El Ejército informó entonces que, en el fuego cruzado, murieron 22 presuntos delincuentes y un uniformado quedó herido.
La sentencia absolutoria de octubre decía que los militares «reaccionaron a una situación de resistencia agresiva grave por parte de los integrantes de la delincuencia organizada cumpliendo» con el Manuel de Uso de Fuerza del ejército mexicano.
Sin embargo, en esa sentencia dada a conocer en marzo por una ONG, el tribunal militar impuso un año de prisión a Rodríguez Martínez por haber desobedecido órdenes superiores que exigían que en operativos nocturnos actuara con los 30 hombres que estaban a su cargo considerando que, al hacerlo sólo con siete esa madrugada, puso en riesgo la seguridad de sus elementos.
Pero el teniente ya alcanzó la libertad por haber seguido su proceso en prisión durante un año.
«Impunidad»
Este saldo tan asimétrico despertó dudas y, meses después del choque, una superviviente aseguró que muchos de esos presuntos delincuentes, incluyendo su hija de 15 años, fueron ejecutados a sangre fría por los soldados a pesar de haberse rendido, lo que generó un gran escándalo en México y desató críticas entre varias ONG internacionales.
En 2014, la fiscalía general acusó a los militares de haber matado extrajudicialmente a ocho civiles pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó que fueron entre 12 y 15 ejecuciones extrajudiciales y que hubo una alteración del lugar de los hechos para simular que todas las personas habían muerto por el enfrentamiento.
En marzo pasado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez -que defiende a esa superviviente clave- dijo que la decisión del tribunal castrense demostraba el «riesgo» de que terminara «imponiéndose la impunidad» en este caso.
Varias ONG internacionales consideran el caso de Tlatlaya como uno de los más graves abusos de militares contra civiles desde que en 2006 el expresidente Felipe Calderón involucró a los uniformados en la lucha contra el narcotráfico que, aunado a los choques entre los cárteles, ha dejado miles de muertos y desaparecidos en el país.