El gobierno regional de Río Grande do Norte, el estado del nordeste brasileño en que los policías están en huelga desde hace 19 días, declaró hoy el estado de calamidad en el sistema de seguridad pública con el fin de poder adoptar medidas de emergencia que le permitan afrontar la grave situación.
El respectivo decreto firmado la víspera por el gobernador de Río Grande do Norte, Robison Faría, trascendió hoy con su publicación en el Diario Oficial y fue justificado por el aumento de la violencia ante la prolongada huelga tanto de los policías militarizados (que patrullan las calles) como de los civiles (investigadores).
Uno de los argumentos citados para justificar la medida excepcional fue «el aumento de los índices de violencia como consecuencia de la paralización de las actividades de los policías militarizados y civiles, según los datos criminales divulgados por la Secretaría de Seguridad Pública».
Durante el período en que rija el estado de calamidad en la seguridad pública, inicialmente declarado por un período de 180 días, todos los bienes, servicios y empleados de la administración pública quedan a disposición de la gobernación para ser usados en la atención de las necesidades de seguridad.
La medida igualmente autoriza a los organismos de seguridad a contratar o comprar sin licitación cualquier servicio o bien necesario para «restablecer la normalidad en la prestación de los servicios de seguridad pública».
Río Grande do Norte, que afronta una grave crisis financiera que le ha impedido pagar puntualmente los salarios de sus funcionarios, ya había declarado el estado de calamidad en la salud pública y en el sistema penitenciario.
La huelga de la policía comenzó el 19 de diciembre pasado en protesta por el atraso en el pago de los salarios y por las condiciones inadecuadas de trabajo de los uniformados.
Los policías, impedidos constitucionalmente a hacer huelga, están acuartelados en comisarías y batallones pero se niegan a salir a patrullar las calles por la supuesta falta de vehículos y de otros medios de trabajo.
Como consecuencia de la paralización, ciudades como Natal, la capital regional, y Mossoró, el segundo mayor municipio del estado, han registrado un aumento de los homicidios, los robos y hasta los saqueos a establecimientos comerciales.
En los últimos quince días fueron registradas 101 muertes violentas en todo el estado, lo que supone una media de 6,7 asesinatos por día, según datos del Observatorio de la Violencia Letal Intencional, aunque las cifras no han sido confirmadas todavía por las autoridades regionales.
El presidente brasileño, Michel Temer, a petición del gobierno regional, envió a finales del año pasado 2.800 miembros del Ejército para reforzar la seguridad en Río Grande do Norte y, pese a que la presencia de los militares en las calles redujo los crímenes, la sensación de inseguridad se mantiene entre la población.
Pese a que la Justicia declaró la paralización ilegal y ordenó que los policías regresen a las calles y que el gobierno arreste a quien incentive la huelga, hasta ahora ningún agente o detective ha sido detenido.
En un acto de provocación, cientos de policías civiles acudieron el pasado miércoles a la comisaría central con esposas en sus manos para ser detenidos en cumplimiento de la decisión judicial, pero ninguno fue arrestado.
«Como el Estado no cumple con su parte con los funcionarios, hemos venido aquí para que el Estado cumpla su decisión judicial y nos detenga», explicó entonces el presidente del Sindicato de los Policías Civiles de Río Grande do Norte, Nilton Arruda.