(AFP) – El Parlamento cubano inició este sábado una sesión extraordinaria para aprobar una nueva Ley de Inversión Extranjera que busca atraer capitales a la isla comunista, cuya economía sigue estancada a pesar de las reformas del presidente Raúl Castro.
La sesión, que comenzó hacia las 09H00 locales (13H00 GTMT), debe culminar con la aprobación de la ley y un discurso de Raúl Castro, quien ha dicho que esta norma es «crucial» para la economía cubana, que creció en 2013 apenas un 2,7%, por debajo de la meta de 3,6%, manteniendo el pobre desempeño de los años anteriores.
Esta legislación, cuyo texto no ha sido publicado, establece beneficios tributarios y garantías de que los capitales no serán expropiados, y «es de trascendental importancia para Cuba», destacó la agencia Prensa Latina.
«La nueva Ley de Inversión Extranjera es la última oportunidad para que las reformas alcancen las metas de crecimiento planeado», advirtió el economista cubano Pavel Vidal, de la Universidad Javeriana de Cali, Colombia.
Esta es la primera sesión extraordinaria en cuatro años y se da por descontado que el Parlamento -en el que no hay ningún opositor entre sus 612 diputados- aprobará este mismo sábado esta nueva norma legal, que sustituye a una dictada en 1995 por Fidel Castro en la peor fase de la crisis económica sobrevenida en Cuba tras el colapso de la Unión Soviética.
Cuba se dotará de esta norma dos meses después de inaugurar el megapuerto de Mariel, 45 km al oeste de La Habana, una terminal para grandes buques portacontenedores construido en sociedad con Brasil para atender a todo el Caribe, que tendrá una zona franca industrial para empresas extranjeras.
Raúl Castro reconoció en febrero que el país tiene una «imperiosa necesidad» de captar fondos frescos, debido al déficit de inversiones que afecta en particular a la agricultura, agujero negro de la economía cubana, así como a otros sectores.
Para alcanzar tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del orden de 6% a 8% como anhela el gobierno, la isla debe incrementar las inversiones a 25% ó 35% anual, muy por encima del 4,4% de 2013.
«La tasa de formación de capital bruto en relación al PIB se ha mantenido en promedio en 13,6% en los últimos seis años, muy por debajo del promedio de América Latina, que ha estado sobre el 20%», dijo Vidal.
Cuba no tiene acceso a fuentes multilaterales de crédito para planes de desarrollo, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, ni para enfrentar contingencias, como el Fondo Monetario Internacional.
Para atraer capitales a Cuba, que enfrenta desde hace medio siglo un embargo estadounidense, La Habana ofrece en la nueva ley un régimen preferencial, que exime a las compañías extranjeras del impuesto sobre utilidades durante ocho años.
Después las empresas pagarán 15% de impuesto sobre las utilidades, la mitad de lo que tributan ahora, pero seguirán liberadas si reinvierten sus ganancias en la isla, según el diario Juventud Rebelde.
Sin embargo, cuando «concurra la explotación de recursos naturales, renovables o no, puede aumentarse el tipo impositivo sobre utilidades, por decisión del Consejo de Ministros hasta un 50%», precisó el diario.
El gobierno ha prometido seguridad a los capitales para matar el fantasma de las expropiaciones realizadas en los años 60.
«Sus inversiones, por ejemplo, no podrán ser expropiadas, salvo motivos de utilidad pública o interés social», y en ese caso se harían «en concordancia con la Constitución y los tratados internacionales (…), y con la debida indemnización, establecida por mutuo acuerdo», dijo Juventud Rebelde.
Las empresas extranjeras no podrán contratar libremente trabajadores, por lo que deberán hacerlo a través de entidades empleadoras cubanas, como hasta ahora.
La ley abre la puerta a las inversiones de los cubanos emigrados, que en su mayoría viven en Miami.
«Cuba no irá a buscar inversión extranjera a Miami. La ley no lo prohíbe, la política no lo promueve», declaró el viernes el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, en la fase preliminar de la sesión parlamentaria.
La norma será aprobada en medio de temores sobre el futuro de la ayuda de Venezuela por la crisis que vive ese país un año después de la muerte del presidente Hugo Chávez.