América Latina, el continente más desigual del mundo, está viendo como el embate de la COVID-19 abre también la puerta al desarrollo de un nuevo «contrato social» en el que los ciudadanos y el Estado apuesten por reivindicar lo publico y desarrollar servicios sociales de calidad.
En los casi cinco meses transcurridos desde la aparición de la pandemia en Latinoamérica, cuyas estructuras de protección social son muy endebles debido a un desdén histórico hacia lo público y décadas de primacía del mercado como distribuidor de «bienes y servicios», se están aplicando políticas redistributivas nunca antes vistas que alcanzan un enorme respaldo popular y político.
Bonos universales, inversiones masivas en salud pública, una toma de conciencia sobre la necesidad y las deficiencias de la educación pública, y créditos multimillonarios a las pequeñas y medianas empresas han sido generalizados y, política y socialmente, bien aceptadas en una zona del planeta donde hasta hace apenas unos meses hubieran sido consideradas afrentas de primer orden.
«En toda la región estamos viendo un aumento histórico de las coberturas de protección social. En todas partes hay bonos especiales, temporales pero generosos, que se están expandiendo a sectores que antes no eran considerados. El gasto ha sido increíble, pero está lejos de ser un problema. Tenía que hacerse», explicó a Efe Mónica Rubio, asesora Políticas Sociales para América Latina y el Caribe de UNICEF.
Rubio, exministra de Desarrollo e Inclusión Social de Perú, indicó que esta situación no solo supone «un cambio enorme» frente a lo que se hacía en la región, sino que en muchos casos ha supuesto que, por primera vez, «el Estado cumpla con su rol de proveer asistencia».
«El tema importante que se viene ahora es que se asuma que esta expansión de los sistemas de protección, que es deseable, sea en el camino una expansión de cobertura permanente. No hay que caer en dar subsidios permanentes, pero si es necesario reconocer que la pobreza de la región cambió y hay que asumir que hay que contenerla», dijo.
Hugo Ñopo, investigador del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), coincidió con esta apreciación de cambio en la conciencia de lo que supone el gasto público y afirmó a Efe que en América Latina ha habido «un movimiento pendular tan rápido que ni se ha visto» el paso de un consenso para defender al mercado sobre todas las cosas en países como Perú, Chile o Colombia, al polo opuesto.
«Aquí, en los últimos 30 años se disparó el diagnóstico de que el Estado era un pésimo proveedor de servicios y su espacio lo ocuparon los privados. Y fue positivo para algunos sectores, como las telecomunicaciones, pero no en otros. Y eso lo vemos hoy más claro que nunca, particularmente en la salud y la educación, que no son solo servicios, sino también derechos básicos», razonó Ñopo.
A su juicio, la problemática de administrar estos servicios con mecanismos de mercado en tiempos de crisis ha impulsado que las poblaciones hayan empezado a reclamar y aparentemente conseguir un mayor respaldo público para cubrir necesidades.
En este sentido, también está siendo llamativa la posición de los sectores empresariales y políticos, que parecen haberse movido, aunque sea levemente, en dirección a lo que con cada vez mayor insistencia piden los ciudadanos de la región.
Agobiados por la abismal crisis económica que se cierne, grandes grupos empresariales y organizaciones patronales, que en condiciones «normales» hubieran denunciado con vehemencia cualquier injerencia del Estado en sus actividades, han asumido y e incluso acompañado algunas medidas.
Cola de paja
«Que los grandes empresarios no se opongan con fuerza a estas políticas habla de que algo de cola de paja hay, que saben que hay extremos en los que algo no funcionó correctamente. Los mercados son magníficos instrumentos para asignar bienes y servicios, pero tienen sus límites, y por eso necesitan regularse», acotó Ñopo.
De este modo, ante el abismo de la COVID-19, la autorregulación carece de sentido y la sociedad vuelve a mirar al Estado como proveedor.
Además, en muchos otros casos, la atención que los Gobiernos están dando para atender los estragos de la COVID-19 está permitiendo que por primera vez en su vida millones de ciudadanos de toda la región obtengan respaldo del Estado cuando más lo necesitan.
Según Rubio, que muchos ciudadanos hayan recibido ayudas del Estado o mejoras visibles en la cobertura sanitaria, no sólo les ha permitido ver que lo público ofrece beneficios, sino que también es sensible a sus necesidades.
«Ha habido presión ciudadana. Los Gobiernos y la clase política ha respondido a lo que pide la gente. Y hasta el sector privado ha visto que hay que apostar por la armonía (…) Por ahí creo que hay una apertura para reformar el contrato social, que modifique lo que implica ser ciudadano en América Latina y que hay mínimos básicos que no son negociables. Y el Covid está haciendo esto, que aparezca una reconsideración», dijo la ex ministra.
Riesgos y amenazas
Para Ñopo, es cierto que el consenso que imperaba en la región sobre el mercado como principal agente social y político ya venía sufriendo «descontentos y desafecciones», como pudo verse en Chile o Colombia hace pocos meses, y que en muchos casos los cambios de ahora respondan a «una necesidad, más que a una convicción».
«Capaz algunos se están adaptando temporalmente. Argentina o Uruguay, que ya tenían los servicios públicos más desarrollados, si pueden haberse reafirmado en estas políticas. Pero es cierto que se está viendo la aberración que supone tener una presión tributaria tan baja, inútil para ofrecer servicios de calidad. Y en ese sentido hay que ser muy inconsciente o poco racional para no estar por ejemplo de acuerdo en un alza de los impuestos», dijo.
Para el investigador, sin embargo, este regreso del Estado abre también la puerta a nuevos peligros que hasta hace poco parecían muy lejanos, como el auge de los populismos.
«Resulta que en este momento estamos todos angustiados y buscamos agarrarnos de algún mástil, y ese es terreno ideal para el populismo, que puede ofrecer seguridad en las superficies y empeorarlo todo», indicó.
A su juicio, las soluciones más sensatas pasan «por mejorar los mercados y mejorar el Estado. Cumplir con lo institucional».
«Tanto los que creían en Estados como los que creían en mercados como salvadores se han quedado cortos. Lo que se necesita es que ambos mejoren», culminó.