«Mota libre y autocultivo ya», proclamaba un cartel portado por algunos de los casi un centenar de activistas que el sábado pasado sorprendieron en la ciudad de San José con una marcha para demandar el fin de las prohibiciones al cultivo y consumo de marihuana.
La manifestación fue algo extraño para la capital de la conservadora Costa Rica, donde aún se prohíbe la fecundación in vitro y se niegan derechos civiles a las parejas del mismo sexo, pero puso sobre la mesa un debate que ya resulta ineludible.
Un reciente estudio del estatal Instituto de Alcoholismo y Fármacodependencia (IAFA) reveló que un 5,1% de los colegiales han consumido o consumen marihuana, cifra que representa un fuerte crecimiento con respecto al 3,6% que se registraba en 2013.
En forma coincidente, en los últimos días ingresó al Congreso un proyecto de ley promovido por un diputado oficialista que busca autorizar el cultivo y uso medicinal de esa yerba.
La iniciativa forzó a un debate que ya llegó a los medios de comunicación con una multiplicidad de voces a favor y en contra de un cambio del estatus legal del «cannabis», nombre científico de la marihuana.
El Ministerio de Salud, cuya opinión podría tener un peso importante en la decisión que adopten los legisladores, realiza un estudio del proyecto de ley pero aún no se ha pronunciado, dijo a la AFP la oficina de prensa de la entidad.
Pero otra institución cuyo criterio podría ser determinante, la estatal Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que administra la red de clínicas y hospitales públicos del país, ya se pronunció con un veredicto favorable.
Eficacia y precio bajo: buena fórmula
«La CCSS no tiene oposición, hay otros países en que ya se usan medicamentos con componentes activos a base de cannabis», dijo a la AFP Mario Devandas, uno de los miembros de la junta directiva del organismo.
Su eficacia como medicamento está avalada por numerosos estudios de prestigiosas universidades de todo el mundo, afirman voces calificadas como la de Emmanuel Javogue, representante de una empresa farmacéutica local.
«Hay mucha ignorancia, alguna gente solo ve el anatema y no los beneficios», afirma Javogue, quien asegura que medicamentos a base de cannabis han demostrado ser útiles para aliviar desde dolores hasta enfermedades como el Parkinson, el cáncer y la epilepsia.
Por eso Javogue apoya el proyecto de ley que permitiría no solo el cultivo y el uso industrial-medicinal de la droga bajo estrictos controles de una institución pública especializada, creada por la misma ley, sino que promueve la investigación científica en dicho campo.
«Eso tiene un gran potencial mundial, Costa Rica sería pionera en ese tipo de estudios y estaría sentando las bases de una industria muy rentable», aseveró.
En las antípodas: todo o nada
Sin embargo, el entusiasmo no es compartido por otros sectores que por diversas razones consideran inapropiado el proyecto de ley.
Luis Eduardo Sandí, director del IAFA, un organismo estatal que trabaja en la prevención y tratamiento de las adicciones, reconoce que algunas sustancias contenidas en la marihuana podrían tener efectos medicinales, pero afirma que el tema se encuentra en las primeras fases de investigación, por lo que no recomienda su uso.
Por otra parte, ve peligroso que se asocien elementos positivos a la yerba, porque sería «mandar un mensaje equivocado a los adolescentes» y favorecer un incremento del consumo que, a su juicio, ya es «alarmante».
Del otro lado de la acera, una media docena de organizaciones de la sociedad civil, algunas de las cuales organizaron la marcha del pasado 9 de mayo, presionan por una ley menos restrictiva que la que se ha propuesto al Congreso.
«Vivimos una situación de estigma social, detenciones arbitrarias, inestabilidad laboral por el simple hecho de ser consumidores», dijo a la AFP Randall Morice, activista del Movimiento Canábico Costarricense.
Según su criterio, la marihuana es una droga menos dañina que otras legales, como el tabaco y el alcohol, pero el Estado le ha entregado el monopolio al narcotráfico y empuja a los consumidores a acudir a un mercado clandestino y altamente peligroso, destacó.
En América Latina sólo Uruguay ha legalizado -con restricciones- la producción y el consumo de la cannabis. Otros países como Argentina, Chile, Colombia y la misma Costa Rica prohíben la producción y comercialización de la droga, pero no penalizan la posesión para el consumo personal en pequeñas cantidades.