El Gobierno de Guatemala informó este domingo que la reunión que estaba prevista para este lunes en la Casa Blanca entre el presidente Jimmy Morales y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, será reprogramada.
El Gobierno dijo en un comunicado que debido a las acciones interpuestas y que han sido admitidas para su trámite en la Corte de Constitucionalidad (CC) «se decidió reprogramar el encuentro bilateral hasta conocer lo resuelto por dicha corte».
Al menos tres acciones de amparo fueron interpuestas ante esa máxima instancia jurídica en contra del presidente Morales y sus ministros del Exterior y del Interior, Sandra Jovel y Enrique Degenhart, respectivamente, para evitar que Guatemala se convierta en tercer país seguro para migrantes.
El Gobierno asegura que «en ningún momento se contempla firmar un acuerdo para convertir a Guatemala en un tercer país seguro», aunque no aclara si el presidente suspenderá su visita a Washington.
En el documento, la Administración de Morales asegura que durante su gestión ha mantenido una «excelente» relación bilateral con el Gobierno de Estados Unidos.
«Ambos países discuten permanentemente asuntos de interés común que privilegian el intercambio comercial, el fortalecimiento de sus sistema democráticos, la seguridad regional y la gobernanza de sus pueblos», explicó.
También, expresó que ambos Gobiernos coordinan e implementan esfuerzos conjuntos para enfrentar las amenazas transnacionales, y que en ese contexto se acordó el encuentro oficial para este lunes entre los dos presidentes en Washington para dar seguimiento a la agenda bilateral.
Sin embargo, debido a las especulaciones surgidas y a las acciones legales interpuestas, admitidas para su trámite, se decidió reprogramar el encuentro bilateral, puntualiza, sin especificar una nueva fecha.
Guatemala hizo el anuncio mientras aumenta la presión de rechazo en contra de la eventual firma de un acuerdo para convertirse en un tercer país seguro para los migrantes.
La Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG), los dos candidatos que se disputarán la Presidencia el próximo 11 de agosto, Sandra Torres y Alejandro Giammattei, el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, excancilleres y grupos de la sociedad civil, se oponen a este eventual convenio.
En un pronunciamiento, la CEG advirtió que el acuerdo vendría a «agudizar más la difícil situación de los migrantes en nuestro país» porque «nos obligaríamos a mantener y a proveer de seguridad, atención en salud, albergues adecuados, y eventualmente fuentes de trabajo» y también sería «gravemente lesivo» para el bien de la soberanía.