La Corte de Constitucionalidad guatemalteca, como máximo tribunal del país, suspendió hoy la decisión del presidente, Jimmy Morales, de terminar anticipada y unilateralmente el acuerdo entre el Gobierno y la ONU acerca de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La decisión de los magistrados fue por mayoría (4 a 1), tras más de 8 horas de sesión iniciada a las 20:00 hora local del martes (02:00 GMT del miércoles).
La única voz en contra fue la de la magistrada presidenta de la Corte, Dina Josefina Ochoa, quien presentó voto razonado disidente a ocho amparos que buscaron detener la salida anticipada de la Comisión Internacional.
El tribunal constitucional exhortó a las autoridades denunciadas -además de Morales, la canciller, Sandra Jovel, y el Congreso- a que «en el ámbito de sus competencias, instruyan a los funcionarios y empleados de las dependencias a su cargo para que faciliten el debido funcionamiento de la CICIG».
La decisión de la Corte, añadió, «debe ser publicada de manera inmediata en el Diario Oficial», tal y como sucedió con el acuerdo gubernativo 2-2019 que publicó este martes el Ejecutivo para dar fin de forma «inmediata» al acuerdo de establecimiento de la CICIG, algo que la madrugada de este miércoles fue rechazado por el Constitucional.
La Corte también comunicó al concluir la sesión que deberán ser notificados el presidente y vicepresidente, el Congreso, la canciller, así como los ministros de Gobernación (Interior), Enrique Degenhart, y Defensa, Luis Ralda.
También al Consejo Nacional de Seguridad de Guatemala, que preside Morales, al procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado y a la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras.
«La notificación que se efectúe a los citados funcionarios públicos los obliga al cumplimiento de lo decidido en el fallo», resolvieron por mayoría los magistrados.
El Ejecutivo y el Legislativo no se ha pronunciado aún sobre la decisión judicial, mientras que el ombudsman guatemalteco, Jordán Rodas, uno de los interponentes del amparo, se congratuló con la decisión de la Corte y sostuvo en sus redes sociales que «El Estado de Derecho, se fortalece con la resolución de la honorable Corte de Constitucionalidad de Guatemala».
El 26 de diciembre pasado, el procurador Donado había denunciado y solicitado iniciar un antejuicio (proceso de desafuero) contra tres magistrados del Constitucional (José Francisco de Mata Vela, Boanerge Amílcar Mejía Orellana y Gloria Patricia Porras Escobar), por supuestas resoluciones «arbitrarias e ilegales».
La Procuraduría General de la Nación, en su calidad de abogado del Estado, consideró que De Mata, Mejía y Porras, supuestamente, han cometido los delitos de «prevaricato, violación a la Constitución, resoluciones violatorias y abuso de autoridad».
El presidente Morales informó el año pasado que ya no renovaría el mandato de la CICIG, pero el lunes anunció el fin inmediato y definitivo del acuerdo de su creación por la supuesta «violación grave» de las leyes nacionales e internacionales en las que incurrió la Comisión.
La tarde de este martes, el portavoz de la CICIG, Matías Ponce, admitió que el personal de la Comisión había salido del país, siguiendo un «protocolo de contingencia de seguridad», ordenado por Naciones Unidas.
Sin embargo, el portavoz de la ONU, Stepháne Dujarric, sostuvo hoy que el acuerdo «seguirá vigente» hasta septiembre próximo, cuando vence el mandato, y agregó que «el comisionado, Iván Velásquez, está evaluando con su equipo cómo hacerlo»