El exjefe policial hondureño Jorge Alberto Barralaga fue condenado este jueves a 10 años de cárcel por el delito de lavado de activos por un tribunal que, además, le ordenó pagar una multa por más de 114 millones de lempiras (4,7 millones de dólares), informó una fuente judicial.
La resolución fue dictada por la Sala II del Tribunal de Sentencia, indicó la portavoz del poder Judicial de Honduras, Lucía Villars.
Por el mismo delito fue condenada a la misma pena y a pagar una multa por más de 27 millones de lempiras (1,11 millones de dólares) la hondureña Montse Paola Fraga, esposa de Wilter Blanco Ruiz, hondureño condenado a 20 años de prisión en Estados Unidos por tráfico de drogas, añadió.
Blanco Ruiz, quien fue extraditado a Estados Unidos en marzo de 2017 desde Costa Rica, donde fue capturado en noviembre de 2016, encabezaba el Cartel del Atlántico y supuestamente lideró en septiembre de 2014 un plan para asesinar al presidente del país, Juan Orlando Hernández, y al embajador estadounidense en Tegucigalpa, James Nealon.
El tribunal también le dictó a los dos acusados las penas accesorias de inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la pena y autorizó el decomiso de dos viviendas y 68 vehículos de Barralaga, señaló la portavoz judicial.
Villars dijo que las defensas de los dos condenados pueden presentar un recurso de casación a favor de sus defendidos, para lo que tienen un plazo de 20 días a partir de este jueves.
Barralaga, quien fue detenido en julio de 2017, fue la figura «más visible» de una estructura que presuntamente se dedicaba al lavado de dinero proveniente del crimen organizado, según las autoridades hondureñas.
Según expertos forenses en delitos financieros, se movieron «más de 1.900 millones lempiras (78,2 millones de dólares) entre cuentas relacionadas de los imputados».
Barralaga fue dado de baja de la Policía Nacional hondureña en 2011 al estar involucrado en la fuga de cuatro agentes condenados dos años después por el asesinato de dos universitarios el 22 de octubre de ese año, uno de ellos hijo de la ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma del país Julieta Castellanos.
Las fuerzas de seguridad ejecutaron en 2017 la operación Perseo, en la que aseguraron viviendas, empresas de transporte, hoteles, restaurantes y una estación de gasolina, más otros bienes, vinculados a los imputados.