CARACAS, 24 marzo 2014. La diputada María Corina Machado, acusada por el gobierno de promover manifestaciones violentas en Venezuela que han dejado al menos 32 muertos desde febrero, fue destituida este lunes, en medio de una ofensiva judicial contra dirigentes radicales de la oposición.
El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, indicó que la destitución se decidió tras la participación de Machado la semana pasada en una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) como «representante alterna» de Panamá.
«Según sus actuaciones y acciones la señora Machado dejó de ser diputada. Estamos girando instrucciones para que a partir de este momento la señora Machado no vuelva a entrar como diputada por lo menos en este período» legislativo, afirmó Cabello, número dos del chavismo.
El viernes, la diputada fue invitada como «representante alterna» por el gobierno panameño a tomar la palabra en la sesión de la OEA que incluía un punto de debate sobre Venezuela, pero tras una votación fue excluido.
«Soy diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela elegida por el pueblo de Venezuela y lo seguiré siendo», dijo la legisladora desde Lima, al considerar que el anuncio de su expulsión «es la demostración de que el gobierno se sabe débil y reacciona de forma desesperada».
Machado participa este lunes en Lima en un foro organizado por la fundación del Nobel de literatura Mario Vargas Llosa.
En la mira del chavismo
Machado, una ingeniera industrial de 46 años, fue una de las diputadas más votadas en las legislativas de 2010. En 2012 fue precandidata presidencial en las primarias de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, que ganó Henrique Capriles.
Su figura acaparó la atención de los medios el año pasado, luego de que en una trifulca en el parlamento salió con la nariz rota.
Junto al dirigente del partido opositor Voluntad Popular Leopoldo López, detenido desde hace un mes en una cárcel militar bajo acusaciones de instigar a la violencia, fue una de las impulsoras de «La salida», una estrategia que llamó a manifestaciones desde el 12 de febrero en Caracas con el fin de forzar la renuncia del gobierno de Nicolás Maduro.
«¿Qué significa que no es diputada? No tiene inmunidad parlamentaria, no tiene acceso a la Asamblea, puede ser investigada directamente por todas las cosas que han venido ocurriendo», aseguró Cabello.
«Nosotros sometimos de acuerdo a la ley la solicitud de una investigación que llevaría a aprobarle el allanamiento (retiro de la inmunidad parlamentaria) de esta ciudadana, pero no hace falta (…). Puede ser detenida en cualquier momento sin previa notificación a nadie», agregó.
El martes pasado, la mayoría chavista de la Asamblea Nacional pidió a la Fiscalía investigar a Machado por presunta incitación a la violencia, terrorismo y homicidio en las protestas opositoras que han dejado 32 personas muertas.
La última, un sargento de la Guardia Nacional fallecido este lunes en Mérida (oeste). Además, la Fiscalía investiga la muerte la noche del lunes de Adriana Urquiola, una embarazada de 28 años.
La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, reconoció que a lo largo de mes y medio de protestas se han cometido abusos policiales contra los manifestantes, y aseguró que se investigan 60 posibles casos.
En las últimas semanas, las protestas han caído en intensidad y virulencia. Sin embargo, sigue habiendo pequeñas manifestaciones.
Este lunes, medio centenar de jóvenes procedentes de 15 estados de Venezuela instalaron un improvisado campamento ante la representación de la ONU en Caracas, que advirtieron será «indefinido» hasta que el organismo mundial envíe una comisión para investigar presuntas violaciones a los derechos humanos en las protestas.
De igual forma, decenas de estudiantes de medicina se reunieron en una plaza del este de Caracas en rechazo a la falta de insumos médicos.
Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo, sufre una escasez de productos básicos que alcanza el 28%, así como una inflación de 56% anual. Las protestas rechazan también los altos índices de homicidio.
Ofensiva judicial y diálogo
La destitución de Machado es un nuevo episodio en la ofensiva judicial desatada en los últimos días por el chavismo contra la oposición radical, que cuestiona a menudo la independencia de los poderes públicos en Venezuela.
La semana pasada fueron detenidos los alcaldes Daniel Ceballos, de San Cristóbal (oeste, fronterizo con Colombia), y Enzo Scarano, de San Diego (Carabobo, norte), por su supuesta falta de acción para prevenir desórdenes públicos durante las protestas.
Ambos fueron trasladados a una prisión militar, y Scarano ya fue condenado a 10 meses de cárcel y destituido de su cargo de alcalde.
Más tarde Maduro amenazó con la detención de Ramón Muchacho, alcalde del acomodado municipio de Chacao, epicentro de las protestas en Caracas y donde desde hace más de un mes y medio se viven manifestaciones con enfrentamientos entre radicales y policías.
Sin embargo, Maduro sigue convocando a la oposición al diálogo nacional entablado desde hace semanas con varios sectores del país, entre ellos la patronal Fedecámaras, vinculada a la oposición.
Este martes y miércoles se reunirá en Caracas una comisión ministerial de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para «acompañar el diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela».