Un candidato preso, capturado este mes por edificar viviendas sin licencias e investigado por lavado de activos, ganó la alcaldía de la capital del departamento de Casanare, en el este de Colombia, en las elecciones regionales y locales del domingo.
John Jairo Torres, más conocido como «John Calzones» por haber vendido ropa interior en el pasado, fue elegido alcalde del municipio de Yopal, en plena región petrolera de los Llanos Orientales colombianos, con el 34,33% de los votos (24.515), según el primer conteo oficial de los comicios.
Torres fue detenido el 14 de octubre pasado por «presunta urbanización ilegal» en Yopal, informó en su momento la Fiscalía, lo que le puede acarrear una pena de 10 años de prisión.
Pese a estar preso y reconocer su responsabilidad en este caso, el político podría asumir desde la cárcel al no contar con una condena en firme, dijo a la AFP Emiliano Rivera, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), encargado de revocar inscripciones y candidaturas en Colombia.
«La presunción de inocencia es un postulado de nuestra Constitución, de todo nuestro ordenamiento jurídico. Mientras (los candidatos) no sean vencidos en juicio, no tienen ninguna inhabilidad», afirmó el magistrado, quien confía en una rápida sentencia respecto a Torres, antes del próximo 1 de enero, fecha en que se deben posesionar los nuevos mandatarios elegidos el domingo.
Torres es acusado de construir «sin licencias» una ciudadela de unas 10,000 viviendas en Yopal, en un predio que había sido embargado por las autoridades por pertenecer a un narcotraficante.
El político tiene además un proceso de confiscación por parte del Estado de bienes relacionados con una red de lavado de dinero del narcotraficante Germán Gonzalo Sánchez, alias Coletas, quien fue extraditado a España hace tres años, de acuerdo con la Fiscalía.
En caso de tener una condena en su contra antes de la asunción, las autoridades declararían la «vacancia del cargo» y convocarían a nuevas elecciones en esa localidad, explicó Rivera.
El domingo Colombia eligió a los gobernadores y diputados de los 32 departamentos del país, así como a los alcaldes y concejales de los 1.102 municipios y cientos de representantes de juntas locales, que ejercerán en los próximos cuatro años.