La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció la noche de este miércoles que pidió la renuncia a todo su gabinete y afirmó que se tomará 72 horas para anunciar los cambios, en un intento de acallar las críticas a su gobierno.
«Le pedí la renuncia a todos mis ministros. Me tomaré 72 horas para saber quién se queda y quién se va», dijo Bachelet, sorpresivamente, en una entrevista con el noticiero de Canal 13, realizada por el popular animador Don Francisco.
«Este es el momento para hacer un cambio de gabinete», agregó la mandataria, 14 meses después de haber asumido por segunda vez la presidencia de Chile, y cuando enfrenta aún los ecos de un escándalo por un millonario negocio de especulación inmobiliaria que concretó su hijo mayor, Sebastián Dávalos, y su nuera Natalia Compagnon.
En medio de la entrevista y con la voz entrecortada, Bachelet lanzó un anuncio que era esperado por meses para zanjar la crisis política abierta por el caso que involucra a su hijo mayor y uno de financiamiento ilegal de campañas políticas que involucra a dos de los grupos económicos más importantes del país: el grupo Penta y la minera Soquimich.
Los escándalos han provocado una gran desconfianza en la población y una brusca caída en la popularidad de la mandataria socialista, que ahora alcanza a un piso de 31%, el más bajo de sus dos mandatos.
Bachelet no entregó nombre de los eventuales cambios y pese que desde hace semanas se especulaba con un cambio de gabinete su anuncio causó sorpresa, porque no es habitual que un mandatario en Chile haga un anuncio de la manera en que éste se hizo.
El anuncio fue realizado además en momentos en que Chile se encuentra alegando la incompetencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya para tratar la demanda marítima que planteó Bolivia y que tiene al canciller chileno, Heraldo Muñoz, como protagonista.
«La continuidad del canciller es la arista más complicada de esta decisión, porque estamos en la semana donde se discute en La Haya si es competente o no, entonces tendremos un canciller divisionario”, comentó el senador oficialista Ignacio Walker.
Tradicionalmente en Chile y desde el retorno a la democracia hace 25 años, el ministro de Hacienda o finanzas no es removido de su cargo a lo largo de toda su gestión.
Uno de los nombres que más ha sido mencionado como uno de los cambios más seguros que haría Bachelet es el ministro del Interior y jefe de su gabinete, Rodrigo Peñailillo.
Considerado como el «hijo político» de Bachelet, de apenas 40 años, Peñailillo aparece involucrado en el escándalo de financiamiento irregular de campañas políticas y su gestión en medio de la crisis política ha sido criticada.
-Tomar el control-
El inesperado anuncio se enmarca dentro de las medidas que está tomando Bachelet para recuperar el control de la agenda luego de que en febrero estallara el escándalo que involucra a su hijo mayor, y que Bachelet reconoció este miércoles ha sido un duro golpe para ella.
«Ha sido duro por el caso mismo y porque la gente no me creyó», afirmó la mandataria.
Dávalos y su esposa son investigados por la justicia por el «uso de información privilegiada» y «tráfico de influencia» tras concretar una millonaria compra-venta de terrenos en el sur de Chile, con un proyectado aumento de valor por un cambio en el uso del suelo.
El hijo de la mandataria concretó el negocio tras haber gestionado un crédito por 10 millones de dólares, con el dueño del Banco de Chile, Andrónico Luksic, uno de los hombres más influyentes de Chile, en medio de la campaña presidencial que tenía a su madre como la más segura ganadora de los comicios.
«Este es un momento para sincerar cosas en el país (…) No quiero hacer cosas que resulten más mal», agregó la mandataria, que la semana pasada anunció también sorpresivamente el inicio del proceso para cambiar la actual Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Aunque el cambio en la carta fundamental estaba en el programa de gobierno de Bachelet, su anuncio fue también sorpresivo e interpretado como una manera de Bachelet de volver a tomar el control de la agenda política, después de meses de estancamiento por el llamado “caso Dávalos”.