La ausencia de siete países en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en San Salvador impedía este martes la adopción de una declaración sobre la crisis en Venezuela.
«Si hay un país que no está presente o hay un país que no está de acuerdo, evidentemente no puede haber consenso y no se puede tomar resolución sobre el punto en cuestión», declaró el canciller salvadoreño Hugo Martínez en una rueda de prensa efectuada durante una pausa del cónclave.
De los 33 países que conforman la Celac, no enviaron delegados a esta cita Bahamas, Barbados, Brasil, México, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago, detalló Martínez.
«Dado que Celac tiene como norma el consenso, no puede haber una resolución o acuerdo puesto que no están presente siete países», insistió Martínez.
La cita de San Salvador se realiza a puerta cerrada sin acceso de la prensa a los discursos de los delegados. Al momento de la pausa para el almuerzo, solo habían hablado los representantes de ocho países, agregó.
La reunión de la Celac analiza el apoyo al diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela como salida a la turbulencia política que vive esa nación.
En ese sentido, Martínez afirmó que la reunión sería útil para «avanzar» en la aproximación de visiones y para un «ablandamiento» del tema.
«Cualquier salida al tema de Venezuela es importante contar con el concurso de los diferentes sectores que están enfrentados en la república de Venezuela», indicó.
El encuentro que se realiza en la cancillería salvadoreña fue inaugurado por el presidente Salvador Sánchez Cerén, en su calidad de presidente pro témpore de la Celac.
«Nos reúne hoy la necesidad de que como países hermanos y, en consonancia con la solidaridad que profesamos desde la Celac, sumemos esfuerzos para que Venezuela pueda encontrar muy pronto la paz y estabilidad que anhela», declaró el mandatario.
La atención de la prensa se concentró en la canciller venezolana Delcy Rodríguez, quien se abstuvo de dar declaraciones al llegar al encuentro.
La reunión de la Celac fue convocada a pedido de Venezuela, cuyo gobierno inició el proceso de retiro de la Organización de Estados Americanos (OEA) luego de que ésta convocara a una reunión de cancilleres. Caracas acusa a la OEA de promover una invasión extranjera en su país.
Mientras se desarrollaba la reunión de Celac, una veintena de activistas de la agrupación salvadoreña Iniciativa Ciudadana se concentraron en la plaza Italia de la capital para protestar por el encuentro y consignar que el camino del diálogo se agotó en Venezuela.
«El tiempo del diálogo ya pasó, esa fue una maniobra que ejecuta el gobierno de Venezuela, como este fraude que está llevando a cabo de convocar a una constituyente», declaró un dirigente de Iniciativa Ciudadana, el expresidente de la Corte Suprema salvadoreña Domingo Méndez.
El lunes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a un proceso para reformar la Constitución, por parte de asambleístas que serán elegidos por sectores y no con voto universal, lo que la oposición denunció como un «golpe de Estado».
Constituyente «popular» agudiza crisis
Opositores venezolanos bloquearon este martes vías en Caracas y otras ciudades en rechazo a la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a un proceso para cambiar la Constitución, que desvanece su objetivo de lograr elecciones generales y agudiza la grave crisis que sacude al país.
Acosado tras un mes de marchas que exigían su salida del poder a través de elecciones generales, Maduro dio el lunes un giro a la crisis al convocar a una «Constituyente popular», cuyos 500 asambleístas no serán elegidos por sufragio universal, sino por sectores sociales y por comunidades.
Ante este el nuevo escenario, la oposición rearma su estrategia: el Parlamento, único poder que controla, discute esta tarde los alcances de la decisión y acciones para aumentar la presión internacional contra el gobierno y convocó a una «mega marcha» para el miércoles.
«Lo que pretende Maduro es concentrar el poder» y «aniquilar las elecciones democráticas», dijo en la sesión el jefe legislativo Julio Borges.
El líder opositor Henrique Capriles y otros dirigentes llamaron a seguir en la calle. «Con su anuncio, Maduro consolida un golpe de Estado», afirmó.
Cacerolas, bocinas y cornetas sonaron temprano en Caracas, donde grupos de personas bloquearon con basura, motos y troncos de madera algunas calles y avenidas. En La Urbina (este) hubo un confuso tiroteo, luego de que militares dispersaron una protesta con bombas lacrimógenas.
«Esa Constituyente que anuncia Maduro es una manipulación para huir de elecciones», dijo Raúl Hernández, un universitario de 22 años, en un bloqueo en una avenida del este de Caracas.
Polarización política
Aunque una Constituyente se convoca para transformar el Estado y redactar una nueva Carta Magna, Maduro aseguró que reforzará la Constitución de 1999 para «profundizar la revolución», en lo que llamó un «desencadenante histórico».
Aún no está claro qué pasará con el calendario electoral. Los comicios de gobernadores debieron hacerse en 2016 -pero se postergaron sin fecha-, los de alcaldes deben ser este año y las presidenciales a fines de 2018.
«Es una medida desesperada de un gobierno que sabe que no puede llamar a elecciones porque va a perder y recurre a la polarización», dijo a la AFP Diego Moya-Ocampos, del IHS Markit Country Risk de Londres, al referirse a que más de 70% de venezolanos rechazan la gestión de Maduro, según encuestas.
Buena parte de la polémica está centrada en la elección de la Asamblea Constituyente. La Constitución impulsada por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), fue redactada por 131 constituyentes electos por voto directo, universal y secreto.
«Es obvio que el gobierno no podría ganar una elección de este tipo y entonces hace una convocatoria tipo Frankenstein», afirmó el analista Luis Vicente León.
Maduro enviará al poder electoral las bases de elección de los asambleístas, buena parte de los cuales saldrán de estructuras comunales auspiciadas por el gobierno. «No será una Constituyente de partidos políticos ni de élites, sino obrera, comunal, campesina», explicó.
Así, según el constitucionalista José Ignacio Hernández, Maduro busca «garantizar el control» de la Constituyente y, de paso, «consolidar la usurpación de funciones» del Parlamento, pues, según la ley, cuando esté instalada estará por encima de todos los poderes del Estado.
El anuncio de Maduro hace temer mayor convulsión social. Veintiocho personas murieron en hechos violentos vinculados a las protestas que estallaron el 1 de abril, luego de que el máximo tribunal de justicia asumiera temporalmente las funciones del Parlamento.
«La Constituyente sin elección democrática une a la oposición, aísla más al gobierno y refuerza la lucha de calle. Solo agudiza la crisis», opinó León.
Maduro, cuya gestión termina en enero de 2019, justificó su decisión al asegurar que convocó a una «Constituyente de paz» para frenar la «embestida golpista», y acusar a la oposición de rechazar el diálogo.
Las manifestaciones ocurren en medio de una profunda crisis económica, con una severa escasez de alimentos y medicinas y la inflación más alta del mundo, además de elevados niveles de criminalidad.
«Se escala la crisis a niveles sin precedentes», dijo Moya-Ocampos, al considerar clave en ese contexto el papel que juegue la Fuerza Armada, poderoso aliado de Maduro.
El ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino, calificó la convocatoria de Maduro como «un llamado constitucional y de los más democráticos».
Otro protagonista, según analistas, será la comunidad internacional. Argentina, Chile y Estados Unidos consideraron que el proceso para una Constituyente empeorará la crisis.
Brasil la calificó de un «golpe» y Luis Almagro, jefe de la Organización de Estados Americanos (OEA) -de la que Venezuela inició su retiro-, de «fraudulenta».
La Comisión de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) está reunida en El Salvador, pero la ausencia de siete países impide una declaración sobre la situación de Venezuela.