El Gobierno español aprobó hoy extender la prevención de riesgos laborales a las empleadas del hogar, que ahora tendrán derecho a la evaluación de riesgos de su puesto y a exámenes médicos, algo que será obligatorio para quienes las emplean y cuyo cumplimiento será facilitado por el Estado.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que la norma protege a «las invisibles, las que sostienen nuestras vidas, nos cuidan y, hasta hace muy poquito, carecían de derechos».
En España, agregó, hay 367,900 empleadas de hogar de alta en el sistema, de las que el 45 % son migrantes y la mayoría están en Madrid y Cataluña.
Esta regulación, pionera y fruto del diálogo social, termina un camino que comenzó durante la pandemia y, según Díaz, no tendrá un coste adicional para el empleador porque «se va a sostener con una acción inequívoca de las administraciones públicas», a través del Servicio Público de Empleo y del Ministerio de Sanidad.
Las norma, a cuyo texto ha tenido acceso Efe, se podrá aplicar a partir de 2026, e incluye, entre otras medidas, la evaluación obligatoria de los riesgos asociados a las tareas del hogar; la entrega de equipos de trabajo adecuados, formación de los trabajadores y un reconocimiento médico gratuito.
Además, la administración tendrá un plazo de un año para elaborar un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y acoso contra las empleadas de hogar.