Una veintena de Estados reconocieron en una declaración en la Organización de Estados Americanos la «difícil situación» que vive Venezuela, un paso que incrementa la presión continental sobre el país suramericano, pero que Caracas rechaza como un intento de «intervención».
«Recordando nuestro continuo apoyo al diálogo y la negociación, reiteramos nuestra preocupación por la difícil situación política, económica, social y humanitaria que se vive en Venezuela», se lee en el texto de la declaración conjunta.
Leído por la representante de Canadá, Jennifer May, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA pedido por 18 países para debatir la crisis venezolana, el documento llama a esa organización a seguir examinando opciones «para apoyar el funcionamiento de la democracia» en Venezuela e «identificar soluciones diplomáticas» concretas a sus problemas.
El escueto documento de tres párrafos fue respaldado por los 14 países, entre ellos Estados Unidos, Argentina, México y Brasil, que la semana pasada urgieron a Venezuela a liberar sus «presos políticos» y a fijar un calendario de elecciones, que incluya los comicios regionales suspendidos indefinidamente el año pasado.
Pero no quedó claro cuáles nuevos países se sumaron a la iniciativa.
Venezuela, con el decidido respaldo de Nicaragua y Bolivia, protestó el debate y luego su canciller Delcy Rodríguez lo declaró «inexistente».
La representación de Caracas desató la polémica al lanzar ataques contra los principales países detrás de la declaración, en un tono que condenaron varios embajadores y provocó la salida de la sala de la representante de Perú, Ana Rosa Valdivieso.
«Venezuela necesita un grupo de la OEA como México necesita el muro», ironizó el representante de Caracas, Samuel Moncada, que también lanzó dardos contra Colombia, Brasil y Estados Unidos.
Pero el gobierno del presidente Nicolás Maduro no pudo impedir que se incluyera la discusión en la agenda del Consejo Permanente, aprobada con el voto de 20 países entre ellos los de Estados Unidos, México y Brasil. Once países votaron en contra, dos se abstuvieron y uno se ausentó.
El embajador mexicano, Luis Alfonso de Alba, dijo a periodistas tras la sesión que la declaración señala «una preocupación mayoritaria genuina para que los Estados miembros juguemos un papel más activo, más directo» en la situación venezolana.
De Alba indicó que esos países prevén convocar un Consejo Permanente en los «próximos días» en el que se discutiría un proyecto de resolución que incluya el establecimiento de un mecanismo diplomático formal para buscar salidas a la crisis política y económica que vive Venezuela.
El diplomático subrayó que los países no buscan la suspensión de Venezuela de la OEA, como sugirió en su voluminoso informe el secretario general Luis Almagro, en caso de que el país no convoque en breve comicios generales «libres».
El mecanismo formal aún queda por decidir, pero durante la sesión se asomó la posibilidad de constituir un «grupo de amigos» o concretar reuniones periódicas en el Consejo Permanente para comprobar avances de gestiones con Venezuela.
«Como miembros de esta organización no podemos continuar siendo indiferentes», dijo el representante de Costa Rica, Rogelio Sotela.
La reunión en la OEA ocurrió el mismo día en que el máximo tribunal venezolano habilitara al Ejecutivo a buscar el enjuiciamiento de la mayoría opositora en el Parlamento luego de un fallo judicial que dejó a los diputados sin inmunidad.
El presidente de la Comisión de Exteriores de ese parlamento, Luis Florido, que viajó a Washington, celebró la sesión como «un paso adelante».
«Queda muy mal Nicolás Maduro en el concierto de naciones. Hoy fueron 20 países, muy probable que en el próximo Consejo Permanente sean más, apuntó.
El debate en la OEA sobre Venezuela se intensificó desde junio de 2016, cuando Almagro presentó ante el Consejo Permanente un primer informe muy crítico al gobierno del presidente Nicolás Maduro, solicitando la aplicación de la Carta Democrática en el país.
Florido, que se reunió con Almagro, dijo que los países de la OEA deben presionar a Venezuela a cumplir con los puntos acordados en las tentativas de diálogo político patrocinadas por El Vaticano: convocatoria de elecciones, liberación de «presos políticos», respeto al Parlamento y ayuda humanitaria.