Una decena de manifestantes se deslindaron de la marcha pacífica que estaban realizando un centenar de maestros y estudiantes y se dirigieron a la sede regional del Partido Revolucionario Institucional (PRI, del presidente Enrique Peña Nieto), donde lanzaron piedras, destruyeron ventanales y quemaron parte de una de sus oficinas, constató un periodista de la AFP.
«Queremos justicia, no queremos Juegos», se leía en una de las pancartas que lucían los manifestantes, que también pintaron las paredes de algunos edificios oficiales, comercios y hoteles de la ciudad, sin aparente presencia de la policía.
La indignación por el brutal ataque que sufrieron en septiembre los 43 estudiantes desaparecidos, que se teme que fueron masacrados en una alianza de narcotraficantes y policías en Iguala (Guerrero, sur), desató desde hace semanas fuertes protestas en varias partes de México y también en el estado de Veracruz, donde el viernes se inauguraron sin incidencias y bajo una fuerte vigilancia los juegos Centroamericanos y del Caribe.
Las protestas son «contra los Juegos Centroamericanos, no son contra los deportistas. Eso hay que aclararlo muy bien, no tenemos nada en contra de las delegaciones», dijo Ariel Segura, uno de los maestros en la protesta.
El miércoles, manifestantes ya lograron apagar la llama de la justa centrocaribeña durante uno de los relevos entre portadores de la antorcha en Xalapa.
El temor a un boicot a los juegos hizo que México desplegara a unos 7.000 policías y 500 militares para los 800 eventos deportivos que se celebrarán hasta el 30 de noviembre en las cinco sedes de los juegos: Xalapa, Coatzacoalcos, Córdoba, Tuxpan y Veracruz.
El viernes, miles de maestros y estudiantes en Guerrero reanudaron sus fuertes protestas contra el gobierno de Peña Nieto, que este sábado regresa al país de forma anticipada tras una gira por Asia por la crisis desatada en México.
El intento de quema el fin de semana pasado de la puerta del emblemático palacio presidencial de Ciudad de México ejemplifica la ira que se ha desatado a raíz de este dramático caso que ha supuesto la mayor crisis para Peña Nieto desde que asumió el poder en 2012.