La Arquidiócesis de Managua denunció este lunes un nuevo acto de profanación a uno de sus templos, y pidió a los fieles a estar atentos y vigilantes en el cuidado de sus capillas y unirse en oración de reparación y desagravio ante esta situación.
La profanación ocurrió el sábado pasado en la capilla Nuestra Señora del Carmen de la parroquia Nuestro Señor de Veracruz, que pertenece a la zona pastoral de la ciudad de Masaya (sureste), según la denuncia.
La profanación y sacrilegio consistió en que el sagrario de Jesús Sacramentado fue arrastrado en el piso de esa parroquia, a cargo del sacerdote Pablo Villafranca, indicó la diócesis de Managua.
El sacerdote dio aviso al cardenal nicaragüense y arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, quien condenó ese nuevo acto de profanación a uno de los templos.
«El señor Arzobispo condena este acto que ofende nuestra fe, por lo que ofrece sus oraciones y pide a los fieles estar atentos y vigilantes en el cuidado de sus capillas y unirse en oración de reparación y desagravio ante esta situación», señaló la diócesis en el documento.
Las fotos que circularon en las redes sociales muestran los destrozos en la capilla.
El pasado 20 de julio, una persona en aparente estado de ebriedad derribó tres portones de la Catedral Metropolitana de Managua, y un día antes un desconocido robó imágenes en la Catedral de Jinotega (norte).
La semana pasada, desconocidos entraron a la iglesia de San José de Cusmapa, vandalizaron objetos sagrados y destrozaron una imagen del Divino Niño, como parte de la profanación.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua ha pedido al Gobierno de Daniel Ortega poner fin al asedio a sus parroquias, que han surgido a raíz de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018.
En el marco de esas protestas, el presidente Ortega acusó a los obispos de alentar «sectas satánicas» y de ser parte de un supuesto plan de golpe de Estado.
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 651 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.