La justicia de Guatemala decidió este miércoles dar trámite a una solicitud de antejuicio contra el presidente Otto Pérez por su supuesta participación en escándalos de corrupción, lo que acorrala al mandatario a ceder a la presión popular por su renuncia, coincidieron expertos.
«Al presidente de la República no le queda otra, por dignidad política, de renunciar al cargo», dijo a la AFP Marcio Palacios, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la estatal Universidad de San Carlos.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Josué Baquiax, anunció que el tribunal remitió al Congreso una solicitud de antejuicio para que una comisión pesquisidora determine si le levanta la inmunidad a Pérez y que pueda ser investigado por casos de fraude en las aduanas y el seguro social.
La petición de antejuicio fue hecha por el diputado opositor Amílcar Pop, del partido Winaq, fundado por la indígena guatemalteca y Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, que argumenta que el presidente cometió los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de deberes y encubrimiento propio.
«Este es un golpe político para el presidente porque lamentablemente en el país el tema de la inmunidad ha garantizado el ejercicio de la impunidad», acotó Palacios.
En las últimas semanas, Pérez ha dicho que se mantendrá en el cargo hasta la conclusión de su mandato en enero.
Otro golpe al gobierno
El gobierno de Pérez sufrió su primer golpe el pasado 16 de abril cuando la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente avalado por la ONU para sanear el sistema judicial guatemalteco, revelaron la existencia de la red de sobornos en las aduanas que obtuvo ingresos millonarios.
Según la investigación, una red de altos funcionarios en el sistema tributario cobraba sobornos a empresarios para evadir el pago de impuestos, supuestamente al mando del ahora prófugo Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, quien se vio obligada a renunciar el pasado 8 de mayo.
Además, el 20 de mayo otro episodio de corrupción salió a la luz pública al ser arrestados el presidente del Banco de Guatemala (Central), Julio Suárez, y el presidente del Seguro Social (IGSS), el militar Juan de Dios Rodríguez, cercano a Pérez, acusados de un fraude de unos 15 millones de dólares contra el IGSS.
Los casos han movilizado a miles de guatemaltecos en las calles para pedir la renuncia de Pérez y Baldetti, y que ha sumido al gobierno en una crisis institucional.
«El presidente está en un callejón sin salida, está arrinconado, no le queda otra (que renunciar). Esto tiende a crucificar y a enterrar muy profundamente» al oficialismo, agregó el académico.
El analista político Manuel Villacorta explicó a la AFP que si Pérez se aferra al cargo, luego de que se inició el proceso de antejuicio, podría generar «mayores niveles de conflictividad e insatisfacción social».
«No hay que olvidar que los movimientos sociales en primer lugar han mantenido la demanda de la separación del presidente de su cargo», afirmó el experto, quien prevé que con los elementos que se tienen contra Pérez el Congreso validará el antejuicio y le quitará la inmunidad.
Ejecutivo a la espera
Villacorta también consideró que la renuncia del presidente calmará la tensión social originada por los fraudes y no afectará las próximas elecciones generales que se realizarán en septiembre próximo, mientras que Palacios añadió que también abrirá la posibilidad para promover reformas profundas en el sistema político del país.
De su lado Jorge Ortega, vocero presidencial, dijo a medios locales de que el Organismo Ejecutivo se mantiene a la espera de ser notificados oficialmente sobre la decisión de la CSJ de iniciar el proceso de antejuicio para «tomar las medidas correspondientes».
«La asesoría jurídica del presidente ya está con él en este momento analizando que situaciones se puedan dar», afirmó Ortega, al indicar que Pérez no tuvo responsabilidad en los casos de corrupción.