Una anciana agredida por policías durante una protesta contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, denunció este martes que fue citada por la Policía para responder ante un caso en el que aparece como agresora.
Juana Urbina, de 66 años, informó que la Policía la citó para mediar con una víctima no identificada, pese a que la institución no ha respondido por las agresiones que sufrió el pasado día 12, cuando varios agentes y un fanático sandinista la agredieron hasta que su rostro sangró, cuando protestaba contra Ortega.
«Me llaman a cita porque supuestamente estoy molestando a una gente, pero no dicen nada por lo que me ellos me hicieron el día de la protesta, ahí estaban sólo paramilitares y policías», sostuvo Urbina.
La agresión policial contra Urbina y otros opositores, así como a varios periodistas, fue documentada en vídeos y fotografías, pero hasta ahora las autoridades no investigan lo ocurrido.
La defensora Yonarqui Martínez, conocida como «la abogada de los presos políticos», desestimó la acusación, y sostuvo que «Juanita no tiene por qué mediar, porque no ha hecho nada indebido».
La anciana ahora se expone a ser detenida por desacato.
Martínez recordó que el caso contra Urbina es similar al de cientos de personas que han sido arrestados, o han debido huir de Nicaragua, por no compartir la ideología de Ortega.
La mayoría de opositores que son citados a la Policía terminan siendo capturados y acusados de diversos delitos, o son dejados en libertad bajo amenazas, según han atestiguado los disidentes en diversas oportunidades.
El caso de la anciana se da en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de presos, muertos o desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, tras el levantamiento popular contra Ortega, en abril de 2018.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y el Parlamento Europeo, responsabilizan al Gobierno de Ortega por ejecuciones extrajudiciales, torturas y violaciones sexuales, entre otros crímenes «de lesa humanidad».
Dichos organismos establecen en 328 el número de muertos en el marco de la crisis, aunque órganos locales cuentan hasta 651.
Ortega reconoce 200 víctimas mortales, pero sostiene que se defiende de un «golpe de Estado fallido».