El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, destituido e inhabilitado este lunes por 15 años por un caso de manejo del sistema de recolección de basuras, sigue sin embargo al frente de su despacho y moviliza a la población en rechazo a la sanción.
«Sigo siendo el alcalde de Bogotá hasta que decisión en firme en contrario lo quiera», dijo Petro en una alocución televisiva, rodeado de su esposa y dos de sus hijos.
El alcalde reaccionó así a una sanción de la Procuraduría, que todavía puede ser apelada ante ese mismo ente de justicia disciplinaria.
Petro, un exguerrillero izquierdista de 53 años que debía gobernar de 2012 a 2016, calificó inicialmente la decisión como un «golpe de Estado» y llamó a la población a movilizarse pacíficamente en contra de la medida.
«Gobernaremos en favor de los más humildes, en favor de la educación pública, en favor de lo que prometimos, con firmeza y hasta el último instante», dijo el alcalde en su discurso.
La Procuraduría, que tiene autoridad para imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios públicos, incluso a los electos, investigaba a Petro por supuesto daño a la ciudad de Bogotá con un cambio introducido hace un año en el esquema de recolección de basuras.
En diciembre de 2012 el alcalde traspasó el servicio de recolección de basuras, que era prestado en concesión por empresas privadas, a la compañía del acueducto (pública) y durante tres días los desechos se acumularon en las calles de la capital.
En particular, el procurador Alejandro Ordóñez señaló que se causó detrimento al patrimonio público y se vulneraron los principios constitucionales de libre empresa y competencia.
Al anochecer, miles de personas se habían congregado en la plaza de Bolívar, desde donde el alcalde se dirigió a sus seguidores.
Los manifestantes, muchos de ellos trabajadores públicos y algunos simpatizantes del desaparecido movimiento guerrillero M-19 -al que perteneció Petro-, le pusieron una camiseta con el nombre del alcalde a la estatua del Libertador Simón Bolívar y gritaban: «¡Ordóñez, uribista, eres un golpista!».
«Justicia política»
«Tenemos una justicia política. ¿Puede una autoridad administrativa, que no es del poder judicial, destituir a quien fue elegido por el voto popular?», cuestionó Petro más temprano.
Además de la apelación ante la Procuraduría, Petro puede demandar el fallo ante el Consejo de Estado, máxima instancia de justicia disciplinaria en Colombia. Sin embargo, aún si este ente considera la decisión injusta no podría restituirlo en su cargo, indicó a la AFP el abogado Harold Penagos, experto en demandas al Estado.
La fecha en que pueda quedar en firme la destitución de Petro será clave para el futuro de la alcaldía.
Si es antes de que se cumpla la mitad del periodo -el próximo 1 de enero- su sustituto se decidiría en elecciones, mientras que si ocurre después de ese día el presidente Juan Manuel Santos deberá escoger a un miembro del partido de Petro, Progresistas, para que termine el periodo, detalló Penagos.
La alcaldía de Bogotá -ciudad de más de siete millones de habitantes- es el segundo cargo de elección popular más importante en Colombia, después de la presidencia.
Antes de ser elegido alcalde, Petro fue parlamentario por casi dos décadas.
El alcalde también había sido objeto de un intento de inhabilitación para ejercer cargos públicos por una antigua condena en su contra por porte ilegal de armas en 1985, que el Consejo de Estado desechó.
Petro había atribuido en septiembre pasado esas iniciativas en su contra a que «por primera vez en la historia de Colombia se está desarrollando un proyecto de izquierda».
El politólogo Fernando Giraldo explicó a la AFP que la sanción es «producto de un forcejeo muy duro entre el sector uribista (del expresidente Álvaro Uribe, al que es cercano el Procurador) y el del presidente Juan Manuel Santos».
«Golpear a Petro es golpear indirectamente a Santos en la medida en que le puede crear dificultades en el proceso de paz, porque los guerrilleros dirán que no se acepta que un representante de la izquierda mantenga su cargo y eso lo van a sentir como algo muy negativo», dijo.
Santos adelanta desde hace un año diálogos de paz en Cuba con las FARC, la principal guerrilla del país, para poner fin a un conflicto armado de casi medio siglo. Uribe se ha convertido en el principal detractor de ese proceso.