El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, fue destituido este lunes de su cargo e inhabilitado por 15 años por la Procuraduría, que consideró que el funcionario causó un daño a la ciudad por haber ordenado un cambio en el esquema de recolección de basuras.
«La Procuraduría impuso como sanción la destitución del cargo y la inhabilidad general por un término de quince años», dijo el procurador Alejandro Ordóñez al leer la decisión ante la prensa.
Petro, un exguerrillero izquierdista de 53 años que debía gobernar de 2012 a 2016, calificó la decisión como un «golpe de Estado».
«Le pido al mundo solidaridad. Estamos ante un golpe de Estado sobre el gobierno progresista en la ciudad de Bogotá», dijo Petro en su cuenta de Twitter.
«Me gustaría pedirle a todas las personas en Bogotá dos cosas: una es suprema tranquilidad. De parte de nosotros no puede salir ningún acto de violencia. Y dos, indudablemente debemos expresarnos», dijo poco después a la prensa.
La Procuraduría, que tiene autoridad para imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios públicos, incluso a los electos, investigaba a Petro por supuesto daño a la ciudad de Bogotá con un cambio introducido hace un año en el esquema de recolección de basuras.
En diciembre de 2012 el alcalde traspasó el servicio de recolección de basuras, que era prestado en concesión por empresas privadas, a la compañía del acueducto (pública) y durante tres días los desechos se acumularon en las calles de la capital.
En particular, el Procurador señaló que se causó detrimento al patrimonio público y se vulneraron los principios constitucionales de libre empresa y competencia.
Poco después del anuncio de la medida, cientos de personas se concentraron en la céntrica Plaza de Bolívar para apoyar a Petro.
Los manifestantes, sobre todo trabajadores públicos y algunos simpatizantes del desaparecido movimiento guerrillero M-19 -al que perteneció Petro-, le pusieron una camiseta con el nombre del alcalde a la estatua del Libertador Simón Bolívar y gritaban: «¡Ordóñez, uribista, eres un golpista!».
«Justicia política»
«Tenemos una justicia política. ¿Puede una autoridad administrativa, que no es del poder judicial, destituir a quien fue elegido por el voto popular?», cuestionó Petro ante periodistas.
Ahora, Petro puede solicitar un recurso de reposición, una suerte de apelación, ante el mismo procurador.
También puede demandar el fallo ante el Consejo de Estado, máxima instancia de justicia disciplinaria en Colombia. Sin embargo, aún si este ente considera la decisión injusta no podría restituirlo en su cargo, indicó a la AFP el abogado Harold Penagos, experto en demandas al Estado.
La fecha en que pueda quedar en firme la destitución de Petro sería clave además para el futuro de la alcaldía.
Si es antes de que se cumpla la mitad del periodo -el próximo 1 de enero- su sustituto se decidiría en elecciones, mientras que si ocurre después de ese día el presidente Juan Manuel Santos deberá escoger a un miembro del partido de Petro, Progresistas, para que termine el periodo, detalló Penagos.
La alcaldía de Bogotá -ciudad de más de siete millones de habitantes- es el segundo cargo de elección popular más importante en Colombia, después de la presidencia.
Antes de ser elegido alcalde, Petro fue un parlamentario por casi dos décadas.
El alcalde también había sido objeto de un intento de inhabilitación para ejercer cargos públicos por una antigua condena en su contra por porte ilegal de armas en 1985, que el Consejo de Estado desechó.
Petro había atribuído en septiembre pasado esas iniciativas en su contra a que «por primera vez en la historia de Colombia se está desarrollando un proyecto de izquierda».
El politólogo Fernando Giraldo explicó a la AFP que la sanción es «producto de un forcejeo muy duro entre el sector uribista (del expresidente Álvaro Uribe, al que es cercano el Procurador) y el del presidente Juan Manuel Santos».
«Golpear a Petro es golpear indirectamente a Santos en la medida en que le puede crear dificultades en el proceso de paz, porque los guerrilleros dirán que no se acepta que un representante de la izquierda mantenga su cargo y eso lo van a sentir como algo muy negativo», dijo.
Santos adelanta desde hace un año diálogos de paz en Cuba con las FARC, la principal guerrilla del país, para poner fin a un conflicto armado de casi medio siglo. Uribe se ha convertido en el principal detractor de ese proceso.