Al menos 55 periodistas nicaragüenses han salido al exilio desde abril pasado, en su mayoría por razones de seguridad, en medio de la crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua, y que ha dejado centenares de muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega, informó hoy un movimiento de reporteros del país centroamericano.
La lista fue elaborada a través de un sondeo en el gremio periodístico nicaragüense, a raíz de los múltiples casos de reporteros que se han visto obligados a salir del país a causa de la crisis, dijo a Acan-Efe una fuente del recién fundado movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua.
El periodismo es considerada una de las profesiones más peligrosas en Nicaragua desde el inicio de la crisis, cuando el periodista Ángel Gahona murió de un disparo certero mientras cubría maniobras de la Policía Nacional, y los supuestos autores del crimen fueron condenados por el Poder Judicial a pesar de que los testigos, vecinos y familiares de la víctima alegaron su inocencia.
Datos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro indican que entre abril y noviembre pasados se registraron al menos 420 casos de violación a la libertad de prensa, incluyendo agresiones, censura, amenazas, muerte, entre otras transgresiones.
El movimiento de periodistas destacó que, además del asesinato de Gahona, existen tres casos de periodistas presos, un canal de televisión «confiscado», 1 radioemisora clausurada, además de un grupo de medios allanado y saqueado.
Los Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua han responsabilizado al Gobierno de dichas agresiones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado las agresiones a periodistas y medios independientes como «la cuarta etapa de la represión gubernamental» contra la población de Nicaragua.
Las tres etapas previas consistieron en agresiones a las protestas callejeras pacíficas, ataques armados contra ciudades que rechazan a Ortega y la criminalización de las protestas, según la CIDH, todas con saldos mortales.
En diciembre pasado la CIDH advirtió de una «intensificación de la cuarta etapa de represión», y acusó al Gobierno de Ortega de cometer crímenes «de lesa humanidad», ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde ya ha iniciado un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua.
Ortega rechaza las acusaciones y mantiene que ha superado un «golpe de Estado fallido».
Según organismos humanitarios, entre 325 y 545 personas han muerto en el marco de la crisis que afecta Nicaragua, de los que el Gobierno reconoce 199.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, tras 11 años de Gobierno, debido al saldo mortal de las manifestacione