La Fiscalía de Nicaragua acusó este viernes por el delito de homicidio a un hombre que mató de un balazo en la cabeza a otro que grito «¡Viva Nicaragua libre!» frente una caravana de simpatizantes sandinistas.
La fiscal auxiliar Jessye Gutiérrez también acusó a Abner Onell Pineda Castellón, un sandinista que presuntamente trabaja en el área de adquisiciones de la Alcaldía de Estelí, por tenencia y portación ilegal de arma de fuego.
Según la acusación, el detenido mató de un disparo a Jorge Luis Rugama Rizo, un opositor al Gobierno del presidente Daniel Ortega, el día en que los sandinistas conmemoraron el 41 aniversario de la revolución, el pasado día 19.
El asesinato ocurrió en la ciudad de Estelí, en el norte de Nicaragua, cuando Rizo estaba en la parte exterior de su casa y pasó la caravana sandinista, según relataron el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), que recibieron las denuncias de los familiares de la víctima y testigos del suceso.
El crimen ocurrió luego de que el presidente Ortega brindó su discurso de conmemoración del aniversario 41 de la revolución popular de Nicaragua.
Los propios sandinistas que presenciaron el asesinato admitieron la autoría de Pineda y señalaron que, luego de disparar, se dirigió a una estación de la Policía Nacional.
Estos sandinistas apoyaron al agresor en sus redes sociales con frases como «¿qué harías vos si sos atacado por un delincuente antisocial?» o «reconocido antisocial atacó a militante sandinista, quien actuó en defensa propia».
El abogado del acusado, Mauricio Peralta, pidió a la titular del Juzgado de Distrito Penal de Audiencias, Alma Pino Irías, que gire un oficio a la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional para que emita una hoja de antecedentes del asesinado.
También que gire un oficio al Instituto de Medicina Forense para la realización de una tomografía o una radiografía que determine si su defendido presenta lesiones internas en la cabeza producto de una pedrada que habría recibido, así como una valoración médica.
Opositores y activistas de los derechos humanos han reclamado justicia por ese caso.
Según el Cenidh, los ataques de policías y «paramilitares» sandinistas contra las manifestaciones antigubernamentales de 2018 dejaron al menos 325 muertos. La ANPDH sostiene que desde ese año hasta enero pasado, el número de muertos ascendió a los 684.
Dichas organizaciones se quejan de que hasta ahora solamente un «paramilitar» ha sido investigado y juzgado, tras haber matado a una estudiante brasileña en julio de 2018, y el hombre fue liberado un año después.
Ortega ha dicho que el estallido social en su contra, que comenzó en abril de 2018, fue un intento de golpe de Estado.