Dos activistas por los derechos humanos iniciaron este viernes una huelga de hambre en la capital de Guatemala para exigir la renuncia del presidente Otto Pérez, a quien diversos sectores responsabilizan de varios escándalos recientes de corrupción.
«Ya la indignación se nos desbordó», dijo a la AFP Brenda Hernández, activista de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), en una tienda de campaña instalada frente a la Catedral Metropolitana, en el centro histórico capitalino.
Hernández, que se cubría del sol con un gorro rojo, explicó que la decisión de iniciar la protesta la tomó luego de que el Congreso decidió no retirar la inmunidad a Pérez, alejando la posibilidad de que el gobernante sea investigado por los casos de corrupción.
«Estamos pidiendo la renuncia de Otto Pérez, un símbolo de la impunidad» agregó la activista, quien es acompañada en el ayuno por Gabriela Flores, integrante de la Asociación de Jóvenes para el Desarrollo y Rescate Social (AJODER).
El gobierno guatemalteco enfrenta una crisis institucional desde abril el pasado mes de abril, tras la revelación de un fraude organizado en las aduanas nacionales por parte de altos funcionarios.
La investigación, dirigida por la Fiscalía y por una comisión de la ONU contra la impunidad, señaló que el principal operador del fraude era el ahora prófugo Juan Carlos Monzón, quien desempeñaba el cargo de secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, que renunció en mayo salpicada por el escándalo.
Además del fraude en las aduanas, un nuevo caso sacudió al país con el arresto de los presidentes del Banco Central de Guatemala, Julio Suárez, y del Seguro Social, el militar Juan de Dios Rodríguez, muy allegado a Pérez, acusados de participar en la adjudicación irregular de un millonario contrato de medicamentos.
Además de pedir la salida de Pérez, las activistas en huelga de hambre también rechazaron la organización de elecciones generales del 6 de septiembre, por considerar que los partidos políticos en contienda no representan un cambio que garantice el fin de la corrupción.