El Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (pública) exigió hoy al presidente del país, Jimmy Morales, y al Congreso, «abstenerse de continuar con proyectos e iniciativas que entorpezcan el combate a la corrupción y la impunidad».
El Consejo instó al mandatario a frenar «todas aquellas acciones que atentan contra la paz social, la gobernabilidad democrática y el desarrollo del país».
Ello en clara oposición a las medidas tomadas por Morales de anunciar el fin de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para septiembre de 2019, y de prohibir el retorno al país del jefe de dicha entidad, el abogado colombiano Iván Velásquez.
La presidenta de la Asociación Estudiantil Universitaria, Lenina García, dijo a Acan-Efe que la reacción del Consejo Superior se dio gracias a la «presión estudiantil» de este viernes y sábado, luego de que las autoridades se retiraran de la Universidad para realizar su sesión fuera del recinto para evadir las demandas de los jóvenes.
Este sábado el Consejo Superior Universitario reaccionó «ante la crisis política ocasionada por las medidas tomadas por el presidente», las cuales «obstruyen la labor que la CICIG ha realizado en los últimos años, en cumplimiento de su mandato establecido en el acuerdo» firmado por el propio Gobierno y la Organización de Naciones Unidas, en 2007.
La universidad más grande del país sugirió en su comunicado que existían «indicios de que puedan ser tomadas medidas que alteren y amenacen la institucionalidad», lo cual se reflejó con la movilización de miembros del Ejército a la conferencia de prensa del 31 de agosto.
En esa conferencia de prensa Morales anunció de no renovará el mandato de la CICIG, y ese día se desplegaron camiones militares que se apostaron frente a la sede de propia comisión internacional.
El Consejo Superior Universitario también exhortó a la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, a «mantener firme su posición» para actuar ante «cualquier hecho delictivo» y garantizar así el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos.
Además, pidió al presidente Morales que respete los «privilegios e inmunidades» que «goza» el titular de la CICIG, Iván Velásquez, así como del personal del ente internacional.
La confrontación entre el Gobierno de Guatemala y la CICIG se remonta a cuando la Comisión señaló al hijo y al hermano del presidente Morales (José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera) de un caso de fraude -y lavado de dinero, en el caso del hermano- al Estado en 2013.
Desde entonces, el presidente ha intentado, una y otra vez, minar el trabajo y la estancia de la CICIG, la cual, junto al Ministerio Público, han señalado en dos ocasiones a Morales de haber incurrido en el delito de financiación electoral ilícita durante la campaña de 2015 que lo llevó al poder.