El extesorero del partido gobernante de Brasil fue condenado el lunes a 15 años de prisión por participar con «sofisticación» en la corrupción que defraudó a Petrobras, un fallo que asesta un nuevo golpe a la debilitada presidenta Dilma Rousseff.
«Entre los delitos de corrupción, lavado y asociación para delinquir (…) las penas sumadas llegan a 15 años y cuatro meses de reclusión», detalla en su decisión el juez Sergio Moro, que lleva la causa que investiga un megafraude en la mayor empresa de Brasil.
Joao Vaccari Neto, tesorero del Partido de los Trabajadores (PT) hasta su renuncia en abril debido al escándalo, fue condenado por su rol en el esquema de sobornos y sobreprecios en la estatal Petrobras, mediante el cual las mayores constructoras del país desviaron recursos hacia funcionarios públicos, intermediarios y partidos políticos para asegurarse millonarios contratos con la empresa.
«Es con sorpresa que la defensa del señor Vaccari recibe esta decisión que obviamente va a apelar», adelantó en un comunicado su abogado Luiz D’Urso, que criticó que la condena «se base exclusivamente en versiones contradictorias de delatores sin presentar una prueba que pudiese corroborar tales versiones».
El PT dijo por su parte que la condena era «equivocada» e «injusta».
Vaccari cumplía prisión preventiva desde el 15 de abril a la espera de su sentencia. Esta condena es la primera de las tres causas judiciales abiertas contra Vaccari por su participación en el caso.
«La práctica de los delitos de corrupción implicó la recepción por parte del Partido de los Trabajadores, con la intermediación del acusado [Vaccari], de al menos 4,26 millones de reales [USD 1,06 millones] de sobornos» provenientes de un contrato entre Petrobras y un consorcio de empresas, afirmó el juez en su fallo.
Este lunes también fue condenado a 20 años y ocho meses de reclusión Renato Duque, exdirector de Petrobras, por recibir millonarios sobornos para su enriquecimiento ilícito y el de terceros, afirmó el juez.
«Sofisticación» para el lavado
El esquema delictivo enquistado en Petrobras, el mayor escándalo por corrupción en la historia de Brasil, fue develado en marzo de 2014 y estuvo operativo durante al menos una década, según las autoridades.
Además de funcionarios de la petrolera, directivos de empresas e intermediarios de los sobornos, son investigados por presunta corrupción legisladores y otros políticos en ejercicio, como el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y el senador Fernando Collor, presidente de Brasil entre 1990 y 1992.
Al detallar la condena de Vaccari, el juez constató que el lavado de dinero fue realizado con «especial sofisticación», ya que los recursos ilegales fueron registrados como donaciones electorales lícitas, «de una manera bastante inusitada» y desconocida en Brasil hasta el momento.
La defensa sostuvo que «Vaccari jamás (…) solicitó, negoció o recibió cualquier recurso de manera ilícita» y al mismo tiempo destacó que «no es obligación del tesorero de cualquier partido investigar el origen del dinero que fue depositado». «Eso compete al Estado a través de sus organismos oficiales», continuó.
Más que el enriquecimiento ilícito que generó el esquema en su conjunto, el magistrado fustigó «la contaminación de la esfera política con la influencia del delito, con perjuicios al proceso político democrático».
El PT reiteró que todas las donaciones al partido fueron «legales y declaradas» ante la autoridad electoral y que los montos son similares a los de cualquier otro partido. Por ello expresó «indignación» de que le hayan «imputado selectivamente acusaciones de ilegalidad».
Por este caso también enfrenta un juicio José Dirceu, exjefe de gabinete del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y uno de los fundadores del PT.
Dirceu ya había sido condenado por un caso previo de corrupción -el «Mensalao», por el cual el PT pagó sobornos a diputados aliados a cambio de votos-, pero la fiscalía señala que aún así continuó recibiendo pagos ilegales provenientes del esquema en Petrobras.
Las ramificaciones del «Petrolao» mantienen en vilo al país y están cobrando un peaje alto a la presidenta Rousseff, cuya popularidad cayó a apenas un dígito ocho meses después de asumir su segundo mandato.
Sus opositores batallan para tramitar ante el Congreso un pedido de «impeachment» (juicio político), alegando que la mandataria sabía de la corrupción, e incluso que utilizó recursos provenientes del esquema en Petrobras para financiar su campaña electoral de 2014, tras la que resultó reelecta.
Rousseff, que niega estas acusaciones, comenzó su segundo mandato acosada por multitudinarias protestas callejeras que piden su salida. A las manifestaciones de la derecha se han sumado recientemente movimientos sociales de izquierda furiosos con el ajuste fiscal que su gobierno está encarando para superar la crisis económica que atraviesa el país.
La economía brasileña, la séptima del mundo, está en recesión desde el segundo semestre, y según analistas puede cerrar el año con una contracción de hasta 3% del PIB. La recesión se arrastrará también durante todo el 2016, en un contexto de elevada inflación y alza del desempleo, asegura el mercado.