La Fiscalía de Ecuador rescató el jueves a 17 personas, incluido un menor, que denunciaron ser víctimas de torturas en un centro clandestino contra adicciones que funcionaba en Quito, informaron autoridades.
Una de las víctimas relató que era obligada a descalzarse sobre el piso mojado, donde recibía descargas eléctricas como parte de un supuesto tratamiento contra la dependencia al alcohol y la droga, dijo a la AFP uno de los funcionarios implicados en el operativo.
«Esas personas estaban recluidas en contra de su voluntad, hacinadas, en condiciones degradantes, insalubres. Dormían en el suelo. No había alcantarillado», dijo la fuente.
En su cuenta Twitter, la Fiscalía señaló que durante el operativo también fueron capturados siete sospechosos. «Entre las personas presuntamente involucradas se encuentra una funcionaria del sector justicia», agregó el organismo.
Las víctimas, entre las que está un menor que «relató que era torturado con electricidad para sanar su problema de comportamiento», según la Fiscalía, fueron trasladadas a centros médicos, mientras los detenidos serán acusados por asociación para delinquir.
Las autoridades ubicaron el centro clandestino como parte de una investigación para encontrar a un joven que está desaparecido desde mayo, y que al parecer estuvo internado en ese establecimiento.
«Para mí es una sorpresa que supuestamente le hayan visto ahí a mi hijo. David no sufría de ninguna enfermedad, no era alcohólico», dijo Alexandra Córdova a la prensa.
Desde marzo de 2012 han sido clausurados 18 centros de rehabilitación de adicciones, 15 de ellos por violaciones de derechos humanos y tres por infracciones a normas sanitarias, de acuerdo con el ministerio de Salud.
Varios de esos establecimientos ofrecían supuestas curas contra el homosexualismo, que incluían violaciones sexuales y descargas eléctricas.
En Ecuador, un país con 15,8 millones de habitantes, operan unos 200 centros de rehabilitación de las drogas y el alcohol, de ellos 120 cuentan con licencia, es decir, que unos 80 establecimientos son ilegales, dijo en pasados meses la ministra de Salud, Carina Vance.