Sindicatos de Guatemala y Estados Unidos criticaron este martes en un comunicado conjunto, el plan acordado en abril por los dos países para analizar el incumplimiento de leyes laborales en la nación centroamericana y solicitaron reanudar el proceso de arbitraje.
El panel de arbitraje, establecido en 2011 por Estados Unidos, debe retomarse debido a «las consistentes fallas» de Guatemala para «hacer cumplir de una manera efectiva las leyes laborales bajo el CAFTA», el acuerdo de libre comercio entre ese país y Centroamérica.
La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) y sus pares guatemaltecos denunciaron las condiciones laborales en el país centroamericano en una carta dirigida al departamento del Trabajo y al Representante comercial de Estados Unidos y los ministros de Trabajo y Economía de Guatemala.
El gobierno guatemalteco «ha atrasado aún más el arbitraje y la posibilidad de que se haga justicia para los trabajadores», señalaron en un comunicado conjunto la AFL-CIO, la central gremial más grande de Estados Unidos y sindicatos guatemaltecos.
«De la forma que fue concebido, el plan obliga a los trabajadores a buscar justicia de manera costosa y con procesos legales lentos», dijo Carlos Mancilla, secretario general de la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG), citado en el comunicado.
Richard Trumka, presidente de AFL-CIO señaló además que aunque el acuerdo «ha hecho avances en papel» como la creación de un comité para encausar a los peores empleadores, «el gobierno de Estados Unidos debe insistir en acciones concretas, no únicamente en más burocracia».
En 2008, la AFL-CIO y seis gremios guatemaltecos, demandaron a Guatemala, alegando que ese país había violado sus obligaciones laborales en el marco del CAFTA.
Estados Unidos encontró debilidades significativas en el cumplimiento de esas leyes y conformó un panel de arbitraje en agosto de 2011.
Pero el acuerdo de abril oficializó la suspensión de la demanda contra Guatemala, que representaba posibles sanciones para el país centroamericano por 15 millones de dólares.
Sin embargo, las organizaciones sindicales insisten en retomar el proceso de arbitraje.
Los sindicatos acusan al gobierno guatemalteco de haber «fracasado» en eliminar los obstáculos que enfrentan los trabajadores, en el sector público como privado, incluyendo intimidación y acoso, o despidos como represalia.
El departamento de Trabajo de Estados Unidos anunció en abril que el panel de arbitraje podía ser reanudado si el Plan de Ejecución no era «implementado dentro de los marcos de tiempo especificados».