Casi 170.000 trabajadores del sistema educativo de México han apelado judicialmente la nueva reforma de educación impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, que obliga a los docentes a evaluarse periódicamente para conservar sus puestos, informó este miércoles una autoridad judicial.
«Los juzgados federales han recibido a la fecha 3.128 demandas que involucran a 169.174 quejosos» en contra de leyes secundarias que desarrollan la reforma y que fueron promulgadas en septiembre pasado, informó en un comunicado el Consejo de la Judicatura Federal.
Los maestros inconformes son principalmente parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), una corriente radical del sindicato magisterial, uno de los mayores de América Latina con 1,4 millones de afiliados.
Miles de profesores de la CNTE han protagonizado desde hace varios meses multitudinarias manifestaciones, que incluyeron la toma de la plaza más importante de Ciudad de México así como bloqueos de las principales avenidas y de accesos al Congreso y al aeropuerto internacional, para protestar contra la reforma educativa.
Esta legislación fue la primera que se aprobó en el Congreso mexicano de un paquete de reformas estructurales que se han comprometido a consensuar e impulsar el gobierno y los dos principales partidos opositores para estimular el desarrollo económico y social del país.
Los maestros inconformes apelan principalmente contra la ley secundaria que crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la norma general del servicio profesional docente, que establecen que los profesores deberán someterse una evaluación anual y en caso de reprobar tres veces consecutivas serán separados de su función educativa.