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Autores intelectuales y algunos materiales del asesinato de jesuitas siguen sin ser juzgados

En enero de 2016, un tribunal español pidió a Interpol detener a otros 17 oficiales retirados, pero en agosto de 2017 la Corte Suprema salvadoreña dejó sin efecto la demanda.

Redacción
Fotoarte D1. Arriba, de izquierda a derecha: Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, René Emilio Ponce (fallecido). Abajo, de izquierda a derecha: Alfredo Cristiani y Orlando Zepeda.
Fotoarte D1. Arriba, de izquierda a derecha: Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, René Emilio Ponce (fallecido). Abajo, de izquierda a derecha: Alfredo Cristiani y Orlando Zepeda.

El coronel Inocente Montano fue condenado a 133 años de prisión. Pero todavía no han sido juzgados varios militares señalados de perpetrar la masacre de seis sacerdotes jesuitas (entre ellos cinco españoles y un salvadoreño) ocurrida el 16 de noviembre de 1989.

Por ejemplo, los militares acusados como autores intelectuales de la matanza de los jesuitas siguen sin enfrentar la justicia. Algunos de estos, señalados por la Comisión de la Verdad, son los generales en retiro Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Orlando Zepeda y el difunto René Emilio Ponce. La mayoría de ellos pertenecieron la promoción militar conocido como “La Tandona”.

Además, algunas personas señalan al expresidente Alfredo Cristiani por el rango que tenía cuando ocurrió la masacre de los jesuitas, es decir, en ese entonces era el presidente de la República y por ende el máximo jefe de las Fuerzas Armadas.

La masacre se dio en el contexto de la ofensiva final “Hasta el tope” lanzada por la guerrilla del FMLN en noviembre de 1989. De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, efectivos élite del ejército irrumpieron en el campus de la UCA y abrieron fuego contra seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos colaboradoras.

Las víctimas fueron Ignacio Ellacuría, entonces rector de la UCA; Ignacio Martín Baró, vicerrector; Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el cura salvadoreño Joaquín López, y sus colaboradoras Elba Ramos y su hija Celina.

En El Salvador han sido procesados algunos de los presuntos autores materiales. En 1991, por ejemplo, una corte penal condenó al coronel Guillermo Benavides y al teniente Yusshy Mendoza a 30 años de prisión, pero la ley de amnistía de 1993 permitió que salieran libres y dejó sepultada por 25 años la posibilidad de enjuiciar a los autores intelectuales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró en diciembre de 1999 que el juicio fue “simulado” y que la política de “encubrimiento resultó totalmente efectiva” en beneficio del alto mando.

El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) intentó en el año 2000 reabrir el proceso para investigar y enjuiciar a los jefes castrenses, pero la justicia dictó un “sobreseimiento definitivo”.

Solo la anulación de la ley de amnistía por un fallo de la Sala de lo Constitucional de julio de 2016 obligó a diferentes tribunales a reabrir las causas pendientes, incluida la de los jesuitas. Esta fue la primera vez que la masacre fue declarada un crimen de lesa humanidad por la Corte Suprema.

En enero de 2016, un tribunal español pidió a Interpol detener a otros 17 oficiales retirados, pero en agosto de 2017 la Corte Suprema salvadoreña dejó sin efecto la demanda.

En abril de 2018 un juzgado de San Salvador ordenó la reapertura de un proceso penal para que se investigue a los autores intelectuales de la masacre.

Fue hasta abril de 2018 que un juzgado de paz ordenó la reapertura de la causa penal al declarar la nulidad del sobreseimiento.

Sanción de EEUU

En enero de este año, Estados Unidos sancionó a 13 exmilitares salvadoreños por su vinculación con el asesinato de los jesuitas.

En un comunicado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, detalló que la sanción, que consiste en la prohibición de ingreso en EEUU de los exsoldados y miembros de su familia inmediata, “se debe a su participación en violaciones graves de los derechos humanos en El Salvador relacionadas con la planificación y ejecución de los asesinatos extrajudiciales” ocurridos en el campus de la Universidad Centroméricana José Simeón Cañas (UCA).

Según el Informe de la Comisión de la Verdad, la cúpula militar del Ejército salvadoreño se reunió la noche del 15 de noviembre para “adoptar nuevas medidas” contra la ofensiva de la guerrilla, entre ellas la “eliminación” de personas supuestamente vinculadas con el FMLN.

Es misma noche, el director de la Escuela Militar, el coronel Guillermo Benavides, transmitió a sus subalternos del Batallón Atlacatl la orden de asesinar a los jesuitas de la UCA.

El primer condenado

La Audiencia Nacional de España condenó este viernes al coronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Montano, a 133 años de prisión como responsable de los asesinatos de los cinco jesuitas españoles en 1989.

El tribunal lo condenó como responsable de haber planeado y ordenado junto a la cúpula castrense los asesinatos de los cinco jesuitas españoles en 1989.

La sentencia se conoció en una lectura pública en presencia de Montano, único dirigente del alto mando salvadoreño enjuiciado por estos hechos ante la Justicia española, que en la vista oral se desvinculó por completo de la masacre.

La resolución considera a Montano autor de cinco delitos de asesinato de carácter terrorista, por los cuales le impone una pena de 133 años de prisión, cuatro meses y cinco días.

Igualmente, le atribuye los asesinatos del otro jesuita salvadoreño, así como de la cocinera de la universidad y su hija de 15 años, si bien no pudo condenarle por estos hechos al no haber sido extraditado por Estados Unidos por esos crímenes.

El tribunal estableció un máximo de 30 años de cumplimiento efectivo de la condena, un período al que habrá que restarle el tiempo que lleva en prisión provisional, desde 2017, año de su extradición.

Según los magistrados, los ocho asesinatos “fueron urdidos, planeados, acordados y ordenados por los miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas, órgano al que pertenecía Montano como viceministro de la Seguridad Pública”.

Montano participó en la decisión, por la cual se “transmitió la orden de realizar las ejecuciones al coronel director de la Escuela Militar”, Guillermo Benavides, un mando medio que es el único condenado en El Salvador.

“Mientras la Fuerza Armada no pida perdón a nivel institucional por los graves crímenes cometidos en el pasado y no coopere con la justicia abriendo sus archivos, difícilmente podrá ser considerada una institución democrática y respetuosa de los derechos humanos”, señaló la UCA en un comunicado de este viernes.

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