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¿Dónde estoy? | REPORTAJES

Sánchez Cerén se aferra al silencio sobre crimen de embajador de Sudáfrica

Después de cometer el secuestro, los guerrilleros de las FPL presionaron al gobierno, pero también a la familia del embajador, a quienes les exigieron 2 millones de dólares a cambio de no asesinarlo.

Redacción
Foto EDH.
Foto EDH.

“Esto es un secuestro, nadie se mueva”, dijeron los guerrilleros que secuestraron a punta de pistola al embajador de Sudáfrica en El Salvador, Archibald Gardner Dunn. Transcurría el 29 de noviembre de 1979. Un mes antes, un grupo de militares y civiles había derrocado al último presidente militar y se había instalado una Junta de Gobierno.

Los movimientos guerrilleros, que para entonces se habían fortalecido, habían realizado una serie de asesinatos políticos y secuestros de prominentes empresarios. En esa ola de violencia, el embajador de Sudáfrica fue privado de libertad.

Las cosas ocurrieron con rapidez. El diplomático se encontraba en las oficinas de la embajada, ubicadas en el tercer nivel del Edificio Panamericano, construido esquina opuesta al hospital de niños Benjamín Bloom.

Cuando el embajador descendió al primer nivel y caminó por el pasillo que conectaba con la salida, los secuestradores dieron un grito de alerta e interceptaron a su víctima.

Humberto Mendoza, motorista del embajador, observó todo. Según relató a periodistas de El Diario de Hoy, llegó a la entrada principal pasadas las doce del mediodía. Se estacionó y apagó el motor del automóvil para esperar al diplomático.

De pronto escuchó un alboroto y observó que los secuestradores, en su mayoría jóvenes, irrumpieron en el lugar. Uno de ellos se le acercó y lo encañonó por atrás. No pudo hacer nada.

El secuestro se lo atribuyeron las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), movimiento guerrillero liderado por Salvador Cayetano Carpio y Mélida Anaya Montes. Para liberar al embajador de Sudáfrica, los guerrilleros exigieron un espacio en los periódicos, en televisión y en todas las emisoras, así como en una cadena nacional de  radio.

El gobierno emitió un comunicado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores  en el que pedían respetar la vida del embajador Dunn.

Por esos días circuló una fotografía donde aparecía el diplomático sosteniendo un periódico; al fondo se observaba una bandera con la sigla FPL. Otro de los máximos dirigentes de esa organización era un profesor de básica llamado Salvador Sánchez Cerén, quien muchos años después llegaría a ser presidente de El Salvador.

***

En marzo de 2009, Robin A. Gardner Dunn, hijo del diplomático secuestrado por las FPL, envió una carta a Salvador Sánchez Cerén, quien para entonces era candidato a vicepresidente por el FMLN. Su compañero de fórmula era el periodista Mauricio Funes, ahora prófugo de la justicia por delitos de corrupción.

En la misiva, el hijo del diplomático secuestrado le pedía a Salvador Sánchez Cerén que le revelara dónde habían lanzado los restos de su padre.

“Mi padre fue secuestrado por su organización, las Fuerzas Populares de Liberación, FPL, organización político militar de la cual usted era uno de los máximos dirigentes. Desde su asesinato, nunca supimos dónde se encuentran los restos de mi padre”, decía la carta.

Luego agregaba: “Por esta razón, y para poder darle cristiana sepultura, le pedimos señor Sánchez Cerén, que nos diga dónde se encuentran los restos de mi padre. Por favor haga este gesto de buena voluntad a mi familia, ya que usted aspira a convertirse en vicepresidente de El Salvador”.

Pero no hubo ninguna respuesta de Sánchez Cerén, quien, pocos días después, fue proclamado vicepresidente de El Salvador. Durante cinco años ostentó ese cargo. También se desempeñó como ministro de Educación.

En 2014, el FMLN lo nombró candidato presidencial y ganó la elección por un escaso margen de votos: seis mil más que su principal contrincante, el doctor Norman Quijano, de ARENA.

Durante todo este tiempo, Sánchez Cerén se ha mantenido en silencio. No ha querido revelar detalles sobre el secuestro y asesinato del embajador Dunn.

La familia de la víctima no se quedó quieta. Chistopher Robin Gardner, nieto del diplomático secuestrado, interpuso en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una demanda de hábeas corpus para exigir  una “exhibición personal a favor del señor Archibald Gardner Dunn, de nacionalidad Sudafricana, por su desaparición forzada, acontecida cuando tenía 61 años de edad y quien se desempeñaba como diplomático en el cargo de embajador de la República de Sudáfrica en El Salvador”.

***

Después de cometer el secuestro, los guerrilleros de las FPL presionaron al gobierno de la junta para que hiciera ciertas concesiones, pero también a la familia del embajador Dunn, a quienes les exigieron 2 millones de dólares a cambio de no asesinarlo.

Tiempo después, esa organización guerrillera emitió un comunicado en el que informaban sobre el asesinato del embajador de Sudáfrica. Entre otras cosas, decían que el hijo del diplomático había dilatado la negociación y que no veían voluntad de cumplir el acuerdo.

Desde entonces, la familia no volvió a saber del embajador Dunn. Nunca recibieron el cadáver. Ni tampoco les dijeron dónde habían abandonado el cadáver.

En la demanda de hábeas corpus, el nieto del diplomático secuestrado detalló que en las negociaciones con las FPL participaron Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Ernesto Rivas Gallont, quien era funcionario de la Junta de Gobierno, pero que “hasta el presente no se han pronunciado por su liberación las FPL ni la organización FMLN de la cual esta organización es fundadora, desconociendo hasta la fecha si mi abuelo está vivo, o fue asesinado”.

El pasado martes, la Sala admitió la demanda y ordenó que el presidente Salvador Sánchez Cerén declare ante un juez para esclarecer la desaparición del embajador de Sudáfrica en 1979.

“En el presente caso deberá considerarse como sujeto demandado al señor Salvador Sánchez Cerén, en su calidad de particular, como miembro de ‘Las Fuerzas Populares de Liberación’, según lo determina el demandante”, indicó el Órgano Judicial, sin precisar la fecha en la que deberá comparecer el mandatario.

Los magistrados constitucionales nombraron como juez ejecutor a Carlos René Gaitán Martínez, quien deberá intimar a Sánchez Cerén en su calidad de excomandante de las FPL.

El secretario de Comunicaciones, Roberto Lorenzana, publicó en su cuenta de Twitter un pequeño comunicado en el que acusó a la Sala de lo Constitucional de intentar dañar la imagen del presidente Sánchez Cerén.

“Esta sentencia tiene un propósito político de dañar la imagen del presidente”, señaló. Luego agregó que Sánchez Cerén no comandaba las FPL en referido año, sino que era un “líder” del movimiento de maestros.

Sánchez Cerén, por su parte, ha decidido aferrarse al silencio. De momento no se ha pronunciado. No ha dicho nada.

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