Manuel Melgar, actual Secretario Privado de la Presidencia, prominente dirigente guerrillero durante la guerra, fue el autor intelectual del asesinato de cuatro militares estadounidenses en 1985, según un informe de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA). Este caso volvió a salir a luz este miércoles cuando un grupo de ciudadanos denominado Colectivo de Víctimas de Terrorismo en El Salvador pidió a la Fiscalía procesar a los responsables de este y otros hechos, considerados como crímenes de guerra cometidos por la exguerrilla del FMLN.
Melgar, antiguo comandante del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC), se convirtió en uno de los hombres de fiar del presidente Salvador Sánchez Cerén, con mira a las elecciones presidenciales de 2014. A cambio, se le dio el cargo de mayor confianza en el gabinete, la de Secretario Privado.
Previo a este cargo, ya había estado en el gobierno de Mauricio Funes, como ministro de Seguridad Pública y Justicia. En 2011 fue removido del cargo, lo cual se manejó como una renuncia por parte del mismo Melgar.
Se manejaron diversos rumores sobre los verdaderos motivos de este hecho, uno de ellos fue la presión por parte de Estados Unidos para no mantener a Melgar en el cargo, debido a que desde hace algún tiempo, este excomandante guerrillero era una persona un tanto incómoda para Washington.
Los motivos detrás de esto datan desde 1985, cuando se perpetró un ataque contra miembros de la Marina estadounidense destacados en El Salvador, durante el conflicto armado. Durante el hecho conocido como la “Masacre de la Zona Rosa”, perpetrado el 19 de junio de dicho año, murieron cuatro “marines” estadounidenses y nueve civiles, además de uno de los atacantes.
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Dicho ataque es atribuido al comando urbano Mardoqueo Cruz del PRTC y perpetrado por siete elementos que se bajaron de un pick-up y se dirigieron hacia el restaurante Chili’s de la Zona Rosa, donde cuatro de seis efectivos se encontraban departiendo.
Las víctimas militares de este ataque fueron identificadas como Thomas Handwork, Patrick Kwiatkoski, Bobbie Dickson y Gregory Weber. Indagaciones de la escena del crimen revelaron que ninguno estaba armado y estaban vestidos de civil.
Foto de la escena dejada por el atentado contra los «marines» estadounidenses en la Zona Rosa.
No obstante, cuando los atacantes abrieron fuego contra todos los comensales de los restaurantes Chili’s y Flashback, los disparos fueron contrarrestados desde dentro de los establecimientos, logrando herir a uno de los atacantes, identificado como José Salazar Mendoza, quien murió mientras era trasladado a un centro asistencial.
Lo anterior se constata en el informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, revelado en 1993 y que compila una serie de crímenes de guerra cometidos por ambos bandos del conflicto, que concluyó con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992.
Dos días después de lo ocurrido, las víctimas estadounidenses fueron llevadas a Estados Unidos y sus féretros fueron despedidos por el entonces presidente José Napoleón Duarte. A su regreso a Estados Unidos, el presidente estadounidense de la época, Ronald Reagan, recibió los cadáveres con la promesa de encontrar a los responsables del crimen.
Tras concretarse el ataque, el PRTC a través de uno de sus voceros, alias Fernando Gallardo, se adjudicó la responsabilidad de lo ocurrido y luego el FMLN justificó la acción, bajo el marco de su política interna de considerar a militares estadounidenses como “objetivos legítimos”.
De los cuatro atacantes, solo fue detenido William Bolaños, quien cumplió una condena de más de 10 años en prisión por el mismo. Además fue detenido José Abraham Dimas, colaborador de funciones logísticas para el atentado.
Otro elemento que fue detenido en torno al ataque fue Juan Miguel García, miembro del PRTC que intentaba cruzar la frontera entre México y Estados Unidos para reclamar la recompensa de $100 mil que ofreció el gobierno estadounidense. García fue arrestado el 16 de agosto de 1985 y accedió a ser deportado a El Salvador, donde fue detenido por la Policía de Hacienda.
Para este entonces, la CIA ya tenía manos en el asunto, recabando una serie de información relacionada con el ataque. Según un informe desclasificado, dado a conocer en 1996, una línea de investigación que manejó la agencia fue que el PRTC planificó el ataque sin consultar a otra organización al interior de la exguerrilla del FMLN. Al conocer del ataque, el FMLN no tuvo más remedio que apoyarlo.
Extracto del informe de la CIA que liga a Manuel Melgar como autor intelectual de la masacre de la Zona Rosa.
Las investigaciones continuaron y el 1986 la Guardia Nacional arrestó a un implicado en el ataque, junto con el pertrecho ocupado para ejecutar la acción. En 1988 es capturado otro implicado en el ataque, hasta que en 1989 se da con la captura de Pedro Andrade, jefe de las tres células del comando urbano Mardoqueo Cruz y a quien se le atribuyó la autoría intelectual del ataque.
Andrade fue interrogado por agentes salvadoreños y estadounidenses. Según recogió la CIA en su informe, Andrade, cuyo pseudónimo era “Mario González”, reveló que el principal planificador del ataque fue Manuel Melgar, comandante del frente central del PRTC, quien era conocido con el alias de Rogelio Martínez.
Según Andrade, fue Melgar quien con meses de anticipación planificó el ataque y asignó tareas. El sospechoso mencionó que a él se le asignó la tarea de proveer casa de seguridad y logística de primeros auxilios.
Junto a Melgar, continuó Andrade, estuvo Emerson Rivas, como uno de los principales conspiradores del atentado, quienes estaban destacados en Guazapa en aquella época. Tanto Melgar como Rivas eran hombres de confianza de Francisco Jovel, entonces comandante general del PRTC, agregó Andrade.
En sus testimonios recogidos en el informe de la CIA, Andrade añadió que luego del ataque, viajó a Cuba para explicar lo sucedido a Francisco Jovel, quien a su vez defendió a Melgar y Rivas ante la comandancia general del FMLN, culpando de todo a Andrade.
Tras sus declaraciones, Andrade pasó a convertirse en informante del ejército salvadoreño, al cual guió el 30 de mayo de 1989 a la mayor incautación de armas de la guerrilla en la historia del conflicto.
Por sus acciones, Andrade fue indultado por Estados Unidos en 1990 y para el tiempo que fue publicado el informe, en el año 1996, se encontraba residiendo en el estado de Nueva Jersey.