La llamada se cortó y no pudieron seguir conversando. Minutos después, el mismo hombre, al que se le había interrumpido la llamada, volvió a presionar las teclas de su teléfono y se comunicó con una mujer. Le dijo que había hablado con el señor juez y le había ofrecido 20 mil dólares para que resolviera el caso.
Antes que la mujer interviniera, el hombre le continuó explicando que el juez no había aceptado. Que pedía $40 mil. Y que de ese dinero, 30 mil los quería en efectivo y los otros 10 mil en una garantía. La llamada se volvió a cortar. Era la mañana del 8 de abril de 2014.
La conversación telefónica era entre Luciano Orellana y una mujer identificada por fuentes fiscales únicamente como Jakceline. Luciano es un mecánico, dueño de un taller ubicado en el centro de San Miguel. La mujer, se presume, es la esposa de José Enrique Torres, uno de los narcos más poderosos del oriente del país.
Luego que la llamada se le cortara por segunda vez, Luciano decidió llamarle a Alex Manrique Cruz, un abogado que litigaba en los tribunales especializados de San Miguel y que colaboraba con narcos sobornando a algunos jueces.
Luciano le comentó que “mucho pisto estaba pidiendo el maitro (refiriéndose al juez)”, que ya había “avivado” y que no creía que “aquel loco (refiriéndose a Enrique Torres)” pagara esa cantidad de dinero para que lo favoreciera en el juicio. Alex Manrique le dijo que mejor le llamara a Luisón para ver cuánto dinero tenía.
El plan entre Luciano, Jakceline, Luisón y el abogado Alex Manrique era sobornar al juez suplente Especializado de Sentencia de San Miguel, José Rodolfo Castillo, para que en la audiencia de vista pública absolviera de cargos a Enrique Torres, quien había sido capturado a mediados de marzo de este año en Guatemala.
Enrique Torres, de 35 años, es señalado de haber sido uno de los cabecillas de la estructura de “Los Garrobos”, una banda de narcotraficantes del oriente del país que traficaba droga a través de encomiendas hacia los Estados Unidos. La estructura estaba vinculada a Juan Colorado, uno de los principales perrones.
“Los Perrones” es una banda de contrabandistas y traficantes de droga que se consolidó a finales de los años noventa en el oriente del país. Investigaciones policiales los han relacionado a cárteles colombianos y mexicanos que buscan transportar grandes cantidades de drogas a Estados Unidos.
En julio de 2011, Torres fue condenado junto a Juan Colorado a 15 años de prisión por los delitos de tráfico de drogas. Siete meses después fue liberado en una audiencia de revisión de la condena por el juez suplente de Sentencia, José Castillo (el mismo que estaba siendo sobornado para que lo beneficiara de nuevo).
Los problemas con la justicia no se le terminaron a Torres luego de ser absuelto de cargos por el juez José Castillo. Siguió traficando drogas hacia los Estados Unidos.
Informes policiales indican que Torres tenía vínculos con el cártel de Sinaloa, México. Ellos le proveían droga y luego la traficaba por varios países centroamericanos. También movilizaba droga hacia Houston, Texas.
La Fiscalía desarticuló a la estructura de “Los Garrobos” en un operativo realizado en enero de 2013. Eso obligó a Torres a refugiarse en Guatemala, donde tenía otros contactos producto del comercio de drogas.
Sobornos a jueces
El imperio de Torres en El Salvador no se destruyó con la caída de la estructura de “Los Garrobos”. Al contrario. Desde Guatemala se comunicaba con Luis Edgardo Franco Árevalo, alias “Luisón”, para continuar con el negocio.
Luisón, quien también tiene un largo historial vinculado a diversas bandas de narcotráfico, era su hombre de confianza en el país. Este se encargaba de distribuir la droga que le enviaba y también negociaba con los jueces la disminución de condenas o la libertad de sus camaradas.
Todo lo tenían bien planificado. Existía un nivel de organización para distribuir la droga con pandilleros, así como para hacer los conectes con los jueces del tribunal Especializado de San Miguel para negociar favores.
Tanta era la influencia que, a mediados de diciembre de 2013, Enrique Torres le llamó a Luisón y le pidió que hiciera los contactos para que liberaran a su hermano, José Andrés Torres, quien se encontraba en prisión por delitos de narcoactividad.
En esa llamada telefónica, Torres le manifestó a Luisón que ya estaba cansado de andar cuidando a su hermano. Que siempre lo metía en problemas y que ya no hallaba qué hacer con él. Luisón le contestó que a la larga le tenían que cobrar. Luego le dijo que no se preocupara, que ese trabajo estaba fácil de resolver.
Fue entonces que Luisón contactó vía teléfono a Estala Margarita Cortez Zabala, alias “La China”, quien trabajaba como colaboradora en el tribunal Especializado de San Miguel. Ella era el enlace con el juez Especializado de Sentencia, Enrique Alberto Beltrán.
“La China” habló con el juez para convencerle que emitiera una resolución favorable para Andrés Torres. A cambio le ofreció el pago de 10 mil dólares, pero el juez le pidió $15 mil. Al final, la mujer acabó convenciendo al juez Beltrán que sólo cobrara 10 mil dólares, según se detalla en el informe fiscal.
Inmediatamente “La China” contactó al abogado Alex Manrique Cruz para que simulara ser el abogado defensor de Andrés Torres. Éste aceptó sin ningún reparo. Sabía que era un caso más de los que resolvían en complicidad con las otras personas que sobornaban a jueces.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, el 19 de diciembre se realizó la vista pública para el imputado José Andrés Rodríguez Torres, alias “Chito”, procesado por los delitos narcotráfico. En esa audiencia fue absuelto de todo cargo por el juez Especializado Enrique Beltrán.
Marlyn Lizzete Carballo, quien es empleada del Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel y también compañera sentimental de Luisón, le marcó a “La China” la tarde del 27 de diciembre de 2013. Le preguntó sobre el dinero que había recibido por el trabajo con el señor juez.
Esta le contó que a cambio recibió 500 dólares y que el dinero lo invirtió en la compra de un carro Mazda color ocre. “Sos un show China Capuchina”, le dijo Maralyn, a la vez la aconsejó que cambiara de chips telefónicos cada cierto tiempo. “Yo solamente los utilizo un mes y después me deshago de ellos”, le comentó.
La captura de Torres
Torres fue capturado por la Policía Internacional (INTERPOL) en Guatemala a mediados de marzo de este año. Al momento de su detención se identificó como el guatemalteco Armando Moisés Arriaza Mendoza, de 34 años. Todo resultó ser falso.
Los archivos policiales revelaron su verdadera identidad. Era buscado por las autoridades salvadoreñas desde el 23 de julio de 2013, según registros de la Interpol de Guatemala.
Meses atrás, antes de su captura, Torres había hablado en varias ocasiones con Luisón para que negociara con los jueces y le resolviera el problema judicial. Casi siempre le manifestaba que ya no quería andar prófugo de la justicia.
En una de esas llamadas telefónicas, Torres le pidió a Luisón que le ofreciera dinero al juez de Sentencia, Enrique Beltrán. Este le respondió que ya había conversado y que el juez quería cobrar siete cinco (75 mil dólares) y que lo menos que cobraría era seis cinco ($65 mil).
Una tarde de enero, Luisón se reunió con “La China” en su casa ubicada en la Residencial Montecarlo Norte. Durante la conversación acordaron que ella hablaría con el juez Especializado de Sentencia y que el lunes 20 de enero le tendría la respuesta.
Luisón le pidió que convenciera al juez para que les cobrara la misma cantidad de dinero que había recibido por absolver a “Chito” (hermano de Torres). “Explícale que no tenemos mucha pasta y que cuando Torres esté más solvente le va a reconocer con unas fichitas más”, le dijo.
Ese mismo día, Torres se vuelve a comunicar con Luisón. Le pide que vaya hablar con el juez Especializado de Sentencia para que dijera cuánto dinero le costaría su libertad. Este le prometió visitarlo al siguiente día.
Pero, en marzo Torres fue capturado y las cosas cambiaron. Torres decidió negociar su caso con Luciano (mecánico), el abogado Alex Manrique y con una mujer llamada Jacqueline (su supuesta compañera de vida). Ellos serían el enlace para negociar con el juez Suplente de Sentencia, Rodolfo Castillo.
Este juzgador les había pedido 40 mil dólares para resolver el caso porque “era bastante complejo y al final él (Torres) quedaría tranquilo y yo quedaría jodido”.
De ese dinero, 30 mil dólares los quería en efectivo y los otros 10 mil en una garantía. No había rebaja. Si no aceptaban, el juez Castillo prometió hacerse a un lado para que negociaran con otro juzgador.
Los negociadores aceptaron el trato y la audiencia fue programada para antes del 10 de mayo. Todo quedaría listo para dejar en libertad a Torres.
En abril pasado, la Fiscalía denunció que el Tribunal de Sentencia de San Miguel tenía “un plan orquestado” para sacar de prisión a narcotraficantes de la zona oriental del país.
El jefe fiscal de la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico, Jorge Cortez, aseguró que los jueces utilizaban el mecanismo de revisión de la sentencia condenatoria para que los procesados quedaran en libertad.
“Hacemos del conocimiento a la población de las irregularidades que se dan en estos tribunales, donde se arraiga un plan orquestado para sacar a los narcotraficantes de la zona oriental de la cárcel”, expuso en ese entonces la Fiscalía a través de un comunicado.
En esa ocasión, la Fiscalía denunció que los jueces querían dejar en libertad a Juan Colorado igual como liberaron a José Enrique Torres en enero de 2012 (con una revisión de sentencia condenatoria).
La mañana del pasado 29 de julio, la Fiscalía desplegó un fuerte operativo en el oriente del país. Capturaron a policías, fiscales, abogados, trabajadores del Órgano Judicial, pandilleros y supuestos narcos.
Todos fueron enmarcados dentro de una estructura de crimen organizado a la que se le atribuyen diversos delitos.
Dentro de esa estructura se vinculó al juez titular y al suplente del Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel, Enrique Alberto Beltrán y José Rodolfo Castillo, respectivamente. También al Juez Especializado de Instrucción, Jorge González Guzmán.
Los jueces han sido acusados por el delito de cohecho propio (recibir dádivas para favorecer a imputados), entre ellos, a narcos y a pandilleros procesados por diversos delitos. Pero se deberá esperar que la Corte Suprema de Justicia desafore a los jueces.
El círculo de influencias de Torres con jueces y empleados de tribunales no terminan aquí.
La Fiscalía también investiga a toda una estructura de la pandilla 18, ligada a la banda de Enrique Torres en el comercio de droga en todo el país.
PRÓXIMA ENTREGA: Conozca cómo operaba la estructura liderada por Enrique Torres en el oriente del país, sus nexos con los máximos cabecillas de la pandilla 18 y su accionar delictivo.