La soledad la desorientaba y provocaba que sus nervios se dispararan sin control. Empapada de desánimo y decepción, sentía que su vida no tenía brújula. Catalina apenas digería que un pequeño descuido -o quizás un error que pudo haber evitado- provocara que unas fotografías, tomadas cinco años atrás, fueran filtradas de pronto en el inmenso mar cibernético al que cualquiera tiene libre acceso de navegar.
Su cuerpo estaba al descubierto y expuesto a los ojos de quien la buscara. Catalina encendió su computadora, se vio una, otra y una última vez. Su mente, bloqueada y aturdida, se llenaba de dudas cada vez que se veía sin ropa frente a un espejo. Se preguntaba cómo esas fotos, que había borrado de su computadora portátil y que ya ni recordaba, circulaban con más libertad que un tuit. Llevaba días sin probar comida y horas acumuladas de no conciliar sueño. Su casa parecía una especie de covacha en la que se tumbaba para dar paso a ideas retorcidas que giraban en su cabeza.
Evitaba a la gente y evitaba salir a la calle para no sentirse señalada. Cuando creía que todo era una pesadilla, volvía a buscarse en internet. Pero ahí seguía. Sus imágenes se mantenían activas y más activas aún las interacciones y comentarios que dejaba todo aquel que la encontraba o reconocía.
Exasperada, cerró su computadora y giró su mirada; la fijó en la caja blanca con pastillas de Psico-soma que tenía sobre una mesa. Recetadas por su médico, las tomaba diariamente para tranquilizarse -al menos de forma transitoria-. Pero esa mañana despertó pensando en aumentar la dosis y ver si conseguía, de una vez, terminar con su calvario.
A Catalina le temblaban sus pálidas manos. Estaba decidida. Agarró las pastillas, se tiró al suelo y las desprendía una a una. A punto de que atravesaran su boca estaba, cuando escuchó un grito sorpresivo: era la voz de Magdalena Rosales, su abuela. “¿Qué está haciendo?, –le dijo agarrándola de sus brazos-. No hija, levántese. Usted va a salir de esto”.
Catalina es una joven veinteañera, estudiante de Mercadeo, que hace un año pretendía hasta quitarse la vida por unas imágenes donde salía semidesnuda y que fueron filtradas en Facebook. Pensar cómo pudieron haber sido cargadas a la red, para ella, solo tiene una explicación: fueron sustraídas de su computadora portátil.
La divulgación no autorizada de los datos, que ella misma había borrado, se dio luego de que mandara a reparar la laptop a uno de esos centros que ofrecen darle mantenimiento. Esos archivos, aparentemente perdidos, podrían haber sido extraídos con programas de recuperación de información como “Easy Recovery Professional”, por poner un ejemplo. Como este hay más. Sin embargo, aunque la reparación se dio en 2009, no fue hasta el 2013 que las fotografías fueron publicadas.
Una batalla, iniciada por Catalina y su hermana, para que Facebook cerrara la página o bloqueara las publicaciones se daba día a día. Denunciaron las imágenes, pero su intento no logró más que escuetas respuestas. “No consideramos que el contenido atente contra la dignidad…”, escribía Facebook cada vez que la página era denunciada.
Facebook, con un criterio subjetivo, denegaba la solicitud de bloquear información publicada en una “fan page” creada para divulgar, promocionar o quizá vender a las mujeres catalogadas como las “más bonitas de El Salvador”. Si esa página de pronto desaparecía, dos más eran abiertas. También en esas estaban presentes las fotos de Catalina.
Exhibición de alto costo
En abril el video de una madre azotando a su hija se hizo viral en internet. Los medios y los mismos usuarios de YouTube compartían el momento en el que una menor de 12 años era castigada por compartir imágenes con poca ropa en su perfil de Facebook. La adolescente, originaria de Trinidad y Tobago, fue castigada a golpe de un cincho por una madre llena de furia e indignación.
La incontrolable señora repetía que así aprendería a no nutrir una página con imágenes en ropa interior y mucho menos a decir que tenía 21 años. La joven pedía clemencia, pero la madre le decía, soltando un cinchazo, que “acá tendría su like”. El video terminó compartido en la red por la misma familia de la menor. Si hizo conciencia o no en su hija, fue el tipo de castigo lo que desprendió una avalancha de críticas en contra de la menor, quien llegó a ser calificada hasta de exhibicionista.
En Facebook la divulgación de contenido, bajo autorización o no, se ha vuelto frecuente. Fotografía de mujeres desnudas o con poca ropa son compartidas sin control alguno, sobre todo cuando la empresa estadounidense se guarda el derecho de publicar el contenido si lo considera o no inapropiado.
La creciente demanda del internet y el acceso, cada vez mayor, a las redes sociales ha llevado a que las páginas pornográficas no sean las únicas en las que se suban imágenes sin consentimiento de sus dueños. Son las redes sociales, en especial Facebook, donde delincuentes cibernéticos se apropian de la herramienta para compartir información considerada como “privada” o íntima.
Escribir la palabra “chicas” en el buscador de Facebook, de inmediato, trae el nombre de sitios administrados para exponer a jóvenes que hasta podrían desconocer que su rostro está en circulación. Ahí aparecen hasta desnudas, con poses sugerentes, mostrando glúteos o escotes pronunciados, en su mayoría, frente a un espejo. Este escenario es una mínima descripción de lo que se carga.
Pueda que haya quienes dieran el aval, y sean cómplices, de que su cuerpo ahora sea conocido “socialmente”. Y pueda que ellas mismas las carguen a sus cuentas sociales para que de ahí sean tomadas. ¿A precio de qué? ¿O bajo qué ganancia? Es un punto que entra en discusión.
Sin embargo, están las que ignorarían ser parte de una red de exhibición, como ocurrió con Catalina, cuyo derecho a la intimidad le fue violado. Así lo explica Marcella Romero, de la firma BLP abogados, una jurista especializada en el área de protección de datos. Para la abogada, existe un derecho fundamental que posee protección constitucional: el derecho al a intimidad de una persona.
Este derecho implica que un salvadoreño está en la capacidad de controlar, de forma razonable, la transmisión o distribución de la información personal que le pueda afectar en un futuro o le esté afectando actualmente.
Romero, tras estudiar su maestría en Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información en España, practicó para la Agencia Española de Protección de Datos colaborando en el Departamento de Transferencias Internacionales de Datos. De esta forma es como hace una comparación con las legislaciones europeas en donde la extracción de archivos y datos se traduce en un delito.
La abogada no hace reparos en determinar a las personas encargadas de arreglar la computadora de Catalina como los posibles responsables de que esas imágenes fueran divulgadas. Para ella, en el lugar donde fue hecho el mantenimiento debió garantizarse que todos los datos manejados dentro de la PC serían resguardados “con las medidas de seguridad necesarias”.
“Por lo que la divulgación no autorizada de cualquier dato contenido en los ficheros sería sancionada de forma administrativa”, recalca.
La ayuda que nunca llegó
Catalina tocó puerta tras puerta, buscando razón o sugerencias de cómo ponerle fin a su desesperación. Aunque serena, la incomodidad siempre estaba presente cuando se llenaba de mensajes provenientes de todo aquel que la veía en internet. Con el apoyo de su familia, se dirigió a la Fiscalía General de la República (FGR), luego a la Procuraduría General de la República (PGR) y, por último, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDHH).
Ni en la primera ni en la segunda logró nada más que una pelota rebotara entre ambas instituciones. En una le decían que el caso no les competía y en la otra le pedían, para proceder, que ella investigara por su cuenta la dirección IP para dar con los responsables. “Además, no vi mucho interés de su parte”, recuerda todavía con decepción.
Los intentos fallidos provocaron acciones irracionales como el buscar, por sus medios, que fueran los mismos administradores del sitio quienes bajaran las imágenes almacenadas. Hizo un primer intento diplomático, pero que nada consiguió. En un segundo intento, con mayor enojo en sus palabras, solo recibió un mensaje en la que se le amenazaba de muerte si seguía insistiendo. Ahí paró.
Agonizando, más que antes, pensó en “probar suerte” en la PDDHH. “Tuve un robo de imágenes, donde salgo desnuda. Hoy circulan en Facebook y no sé qué hacer”, dijo Catalina al dejar claro desde un inicio lo sucedido ante Derechos Humanos.
“Supiera que como usted –le respondió el asesor que tenía frente a ella- hay muchas niñas que vienen a quejarse de lo mismo”. Al menos, sentía que estaba en el lugar adecuado o, por un momento, pensó que obtendría la ayuda que urgía.
Quizá el desconocimiento de qué mecanismo debía tomar para hacer la justicia que esperaba le desconcertó y tornaba engorroso su clamor de ayuda. Pudo haber sido porque se dio cuenta que no hay, aún, un mecanismo claro a seguir cuando se enfrenta a un hurto de datos. Se dio cuenta que las instituciones no manejan con claridad qué se debe hacer y qué ley le ampara.
Catalina se vio frente a un suceso del que no hay ley que establezca esos mecanismos para garantizar y proteger los derechos al honor e intimidad, sea esta personal o familiar, en lo relativo al tratamiento de datos de carácter personal.
La presencia de una normativa especial, que regule la protección de los datos personales entendiendo como tales “todos aquellos datos o información concerniente a una persona individual que permita identificarla o la convierta en identificable” , debe demandarse. Marcella Romero cree que de no haber, más casos como el de Catalina seguirán reproduciéndose.
Una ley no discutida
Dentro de las comisiones de la Asamblea Legislativa se discuten, por hoy, desde reforma fiscales hasta aumento de bonificaciones a empleados públicos. Pero una ley de protección de datos no lo está. Existe una propuesta, pero todavía sigue “en el congelador”.
Uno de los impulsadores de un paquete de leyes es Douglas Avilés, diputado por el Cambio Democrático (CD). Para el 2010, Avilés trató de introducir en la agenda una Ley de Protección de Datos, instrumento legal que pudiera estar “acorde” al avance tecnológico a nivel mundial y que fuese “fundamental para cuidar información privada” de los salvadoreños a nivel económico e íntimo.
Ese paquete del que habla incluía una ley de protección de datos, así como el habeas data –recurso que existe en otros países con los que el ofendido puede defenderse del mal uso que hagan de su información íntima y privada-.
“Estamos hablando de esa información mía, íntima, como ciudadano o ciudadana”, explica Avilés sobre qué criterios contemplaron en la propuesta realizada, en la que, además, se incluía una reforma al Código Penal para castigar el “delito informático”.
El problema, insiste el legislador, es que no hay leyes, en la que se pueda tener tipificada la figura: “Pero nada de esto se ha logrado hasta ahora”.
Con esta propuesta coincide Marcella Romero. Lo primordial de tener una ley, sugiere la especialista en el tema, es que la ley debe tener un concepto bien delimitado de lo que deberá entenderse por dato personal. “Qué deberá entenderse por fichero y cuándo este será considerado como privado y cuándo público, por tratamiento de datos, responsables del fichero, encargado del fichero, cesión de datos y consentimiento del interesado”, explica pero a lo que añade un punto importante que debe incluirse: “¿cuándo se entenderá que la persona ha dado su consentimiento?”.
Gran parte de los riesgos y las vulneraciones que existen hacia la intimidad de una persona, dado el “boom” tecnológico, dice muy seguro Avilés, ahora ocurren en internet.
A esto suma una ley de comercio electrónico, bajo una línea que facilite la nueva era tecnológica pero que a la vez sirva para proteger a una persona.
Cuatro años han pasado desde que estos proyectos fueron armados. Por hoy, siguen empolvándose dentro de una gaveta, debido a que no ha sido un tema abordado por las diferentes fracciones legislativas.
El diputado del CD sostiene que el lobby se ha hecho, la conciencia se ha hecho y la persistencia de “rescatar” este proyecto para que camine ha sido evidente.
¿Por qué, entonces, está paralizada? Para él, existe un punto que mantiene engavetada esta propuesta: la escasa conciencia que hay entre los legisladores para ratificar una ley “que muchos países la crearon tiempo atrás, porque tuvieron la claridad del despegue tecnológico que venía”.
“Yo creo que hasta el día de hoy se empiezan a abrir los ojos con respecto a la necesidad de tener estos instrumentos de ley”, añade.
Lo único que ha dado pequeños pasos es la reforma al Código Penal, desde un enfoque de seguridad ciudadana para que se castigue a una persona que haga usos delictivos de la información de la gente. Con esto, se permitiría a cualquiera acudir a interponer una denuncia siempre que sea probado. “Pero es lo único, el resto de piezas del rompecabezas, alrededor del manejo responsable de la información de los ciudadanos, están paralizados”.
Lo único existente es ese artículo 184 del Código Penal que recoge el delito de violación a las comunicaciones privadas.
Para que el caso de Catalina pudiera ser investigado, tendría que haberse comprobado en la sede judicial que el único lugar donde reparó su computadora portátil fue donde se tuvo acceso a las fotos y que nadie más tuvo acceso a la misma.
Pensar en dar ese segundo paso no le quita el sueño a Catalina. Las palabras de “levántese, usted va a salir de esto», fueron decisivas para que ella superara lo que un descuido provocó. Reconoce que ese error afectó parte de su presente, pero ha logrado manejarlo gracias al apoyo de su familia. “Esa fue la peor época de mi vida, pero la superé. Sé que ese pasado seguirá afectando mi presente. Pero verme y que los demás me vean ya no es algo que me vaya a afectar. Mi familia lo sabe y me apoya y eso es lo que me importa”.