Lea acá la PRIMERA ENTREGA de la Diego de Holguín
Nadie sabe por qué pero desde que arrancó la creación de la vieja carretera Diego de Holguín, las cosas empezaron mal y nadie lo contuvo.
Algún tiempo antes de que se iniciara la obra, por encargo al consorcio entre la guatemalteca COPRECA y la firma salvadoreña Linares, en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) se decretó un cambio inesperado que representaba una buena cantidad de dinero.
Fue el 25 de julio de 2005 cuando el MOP decidió subir el monto del adelanto que se daría al consorcio constructor para que iniciaran la obra.
De acuerdo con esa decisión, la cifra se pasó de 20% al 30%, lo que significaba que a la empresa le adelantarían $7.6 millones.
Nadie sabe por qué, o al menos lo saben muy pocos, pero eso representó un beneficio para dicho consorcio.
Normalmente, ese tipo de beneficios se dan para que la firma constructora compre materiales o rente maquinaria o haga inversiones que favorezcan la iniciación de la obra.
En el caso de la Diego de Holguín no se pudo documentar qué pasó con ese dinero. Una parte literalmente voló.
Lo peor es que, de acuerdo con las disposiciones legales, ese adelanto de $7.6 millones debió liquidarse centavo por centavo al MOP, para verificarse su destino.
Lo que sucedió, sin embargo, es que de los $7.6 millones el consorcio constructor liquidó solamente $4.5.
Los restantes $3.1 millones jamás fueron liquidados. Nadie sabe qué sucedió y, cómo el contrato caducó el 5 de marzo del 2009, hasta esa fecha llegaron las posibilidades del MOP de reclamar el destino del adelanto.
El desorden financiero fue tal que cuando el auditor interno del MOP, en ese momento Óscar Armando Lara Pinto, le pidió al consorcio constructor que le explicara en qué se había usado el adelanto, le dijeron que “no tenían la documentación requerida”.
El dinero se dio en 2005. La auditoría reclamó la liquidación casi tres años después.
En un segundo intento, el contador del asocio entre COPRECA y Linares solo respondió que no llevaban libros ni cuentas solicitadas. Nadie hizo nada para que la liquidación se produjera.
Al final, ni siquiera al representante legal del MOP le dieron acceso para que reclamara por qué dijeron que no era “sujeto de verificación”.
Después se revisó la parte liquidada y se notaron montos de gastos duplicados y hasta se incluyeron otros dineros en la construcción de un polideportivo de Sonsonate, un proyecto aparte que los constructores ejecutaban con el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL).
Además de eso, cuando se analizaron los estados financieros de COPRECA y Linares, no se reflejó el pago del adelanto recibido. Parecía que buena parte del dinero hubiese volado.
Todo eso pasó sin que se castigara al consorcio constructor. Incluso, algunos opinan que el contrato pudo haberse terminado.
Problemas con el diseño
Antes de que se licitara la construcción de la carretera Monseñor Romero, el MOP contrató a una firma para que hiciera el diseño de la nueva vía.
En el original se dibujó una carretera con dos “orejas” (círculos de acceso), para no afectar la finca El Espino ni la Escuela Militar.
Pero de pronto, en otro diseño aparecieron cuatro “orejas”, sin que se sepa quién autorizó el cambio.
Esto último era significativo porque los permisos se habían pedido para una carretera de dos orejas, no de cuatro. Hasta la Corte de Cuentas estableció, en el 2007, que eso afectaba territorios de Antiguo Cuscatlán y de la alcaldía de San Salvador.
De eso nació la materia prima para que, posteriormente, se produjeran choques con las dos alcaldías. Como si eso fuese poco, los permisos del Ministerio del Ambiente también mostraban deficiencias.
Una de ellas es que el cambio en el diseño lo autorizó el Director Ejecutivo del MOP sin tener potestad para hacerlo. Eso invalidaba el acto.
Muy poco después de que se iniciaran las obras, la alcaldía de San Salvador alzó la voz y prohibió cualquier tarea dentro de su territorio. La guerra siempre estuvo anunciada.
Un principio fallido
Fue el 8 de noviembre de 2005 que al consorcio COPRECA y Linares (que luego se deshizo), se le adjudicó la construcción de la Diego de Holguín por $25. 6 millones. La obra debía ejecutarse en poco más de un año, lo cual nunca ocurrió.
Para encargar la construcción acontecieron hechos que nadie puede explicar, como los que se presentan a seguidamente:
1. El consorcio presentó incompletos los estados financieros. Por este hecho, al consorcio debió eliminársele la licitación pública, de acuerdo con las reglas.
2. El documento donde se planteaba el consorcio entre COPRECA y Linares debió establecer el porcentaje de participación de ambas compañías. Eso no se hizo.
3. No se presentaron las solvencias de cada compañía que participó en el consorcio.
4. Las ofertas económicas mostradas en el concurso público sobrepasaron el monto de lo presupuestado. Por esa razón debió declararse desierta la licitación pública.