El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) recomendó ayer a la Asamblea Legislativa de El Salvador que legisle para reconocer y castigar los crímenes de odio contra la comunidad LGTBI.
Esta recomendación se desprende de un informe sobre la situación de derechos humanos en el país centroamericano de 2020, en el que se señala que este tipo de delito «se multiplica» en ese colectivo.
«Desde el final de la guerra civil, se menciona que ha habido más de 600 asesinatos cometidos contra la población LGTBI» y el homicidio en julio de 2020 de Camila Díaz, una mujer trans, fue la primera ocasión en la que se dictó una condena, en este caso contra agentes de la Policía.
Los grupos de derechos humanos de este colectivo indican que entre 2018 y septiembre de 2019 se reportaron 151 casos de desplazamiento forzado de personas LGTBI.
En una entrevista con Efe en abril de 2016, la reconocida activista salvadoreña Karla Avelar aseguró que los cuerpos de seguridad y las pandillas son los «principales asesinos» de miembros de la comunidad LGTBI.
LEY PARA JUSTICIA TRANSICIONAL Y CÁRCELES
El Idhuca también recomendó en su informe al órgano Legislativo, que se renovará en mayo próximo, aprobar una ley de «justicia transicional» de acuerdo a parámetros dictados por una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema.
Dicha sentencia, emitida en julio de 2016, anuló una ley de amnistía de 1993 que impedía investigar y juzgar los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la guerra civil (1980-1992).
De igual forma, el ente defensor de derechos pidió a los diputados «revisar la normativa referida a las cárceles y adecuarla a los convenios internacionales que regulan los derechos de los privados de libertad» ante los señalamientos de tratos crueles e inhumanos.