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Más de 1000 funcionarios no han presentado su declaración patrimonial

De acuerdo con un informe de Probidad, la mayoría de los funcionarios insolventes pertenecen al Ejecutivo.

Redacción
Foto D1, archivo.
Foto D1, archivo.

Al menos 1,160 funcionarios públicos están insolventes con la presentación de sus declaraciones patrimoniales ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

De acuerdo con un informe de probidad, la mayoría de los funcionarios insolventes pertenecen al Ejecutivo. Por ejemplo, 496 de los insolventes son empleados de distintos ministerios del gobierno.

De estos, 119 pertenecen al ministerio de Desarrollo Local, 127 al ministerio de Salud, 73 al ministerio de Hacienda, 67 del ministerio de Justicia, 12 al ministerio de la Defensa Nacional, 69 al ministerio de Relaciones Exteriores, 3 al ministerio de Obras Públicas Y Transporte, 5 al ministerio de Trabajo y Previsión Social, 17 del ministerio de Economía, 73 del ministerio de Hacienda, 67 del ministerio de Justicia y Seguridad Pública y tres del ministerio de Turismo.

Entre los funcionarios de confianza del presidente Nayib Bukele que no han presentado sus declaraciones patrimoniales están la ministra de Turismo, Morena Valdez, el ministro consejero, Silvio Aquino, el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, y la embajadora de El Salvador en Estados Unidos , Milena Mayorga.

Empleados de instituciones autónomas también hay un buen número. Por ejemplo, 23 de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), 43 de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), 82 de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), 5 del Instituto Salvadoreño del Turismo (ISTU), 9 del Banco Central de Reserva (BCR), 15 del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), 44 son del Banco de Fomento Agropecuario (BFA), entre otras.

El artículo 3 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito indica que “dentro de los sesenta días siguientes a que tomen posesión de sus cargos, los funcionarios y empleados públicos… deberán rendir por escrito declaración jurada del estado de su patrimonio, ante la Corte Suprema de Justicia por medio de la Sección de Probidad ”.

Lilliam Arrieta, investigadora de FUSADES, le dijo a La Prensa Gráfica que “omitir la presentación de la declaración patrimonial es un mecanismo que utilizan los funcionarios para intentar burlar la aplicación de la ley en contra del enriquecimiento ilícito vigente”.

“Una nueva ley con dientes que dé a la Sección de Probidad y a la Corte Plena las atribuciones correspondientes es sumamente importante para contribuir a la lucha contra la corrupción desde la Sección de Probidad”, agregó.

 

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