Con 57 votos el pleno de la Asamblea Legislativa terminó el proceso de antejuicio después que los diputados se enteraron que Mauricio Antonio Arriaza Chicas renunció a su cargo como viceministro de Seguridad y director de la Policía Nacional Civil (PNC). El proceso fue archivado porque terminó de manera anormal.
El antejuicio era para despojar de su fuero como viceministro al funcionario del Gobierno de Nayib Bukele para que enfrente los tribunales comunes por el presunto cometimiento del delito de desobediencia de particulares por negarse a llevar por apremio a la Asamblea a su compañero ministro Alejandro Zelaya.
Arriaza Chicas, según lo dijo el abogado defensor Nahúm Martínez, renunció ayer a su cargo como viceministro.
Eso lo confirmó el presidente Nayib Bukele: “Todo el proceso, incluyendo el de hoy, así como el de las semanas anteriores, la comisión de antejuicio, los citatorios, discursos, dictámenes, etc., son nulos”. Agregó, además, que seguirá siendo director de la PNC.
Ese es uno de los puntos cruciales: en el antejuicio los diputados iban a destituir de su cargo como director de la PNC al funcionario. Pero como el antejuicio no fue consumado, los diputados perdieron facultad para hacerlo.
Rodolfo Parker, diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), presentó la propuesta de resolución que finalmente fue la aprobada en la Asamblea: terminar el antejuicio de forma anticipada, certificar a la Fiscalía General de la República (FGR) el expediente del proceso de antejuicio, pedir a Raúl Melara, fiscal general, investigar al director de la PNC por el posible cometimiento de delitos como encubrimiento, fraude procesal y actos arbitrarios, así como también mandar a la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el video de la celebración de la sesión plenaria para que investigue a los abogados Carmen María Marroquín, Nahúm García, Alfonso Ramírez Guevara, Edgardo Rivas Ávila, María José Castillo Calderón y Rodolfo Delgado, todos defensores del funcionario, porque probablemente cayeron en “falta de lealtad y buena fe procesal”.
Yanci Urbina, diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), calificó de «fraude de ley» la renuncia.
«Estos funcionarios se dedican a ocultar información, sorprender la buena fe usurpando funciones y generando actos falsos», expresó. «El oportunismo y la corrupción tienen patas cortas», advirtió.
Javier Valdez, diputado del FMLN, advirtió que la renuncia puede implicar el cometimiento de otros delitos como usurpación de funciones, falsedad material, falsedad ideológica, entre otros.
Con la renuncia terminó el antejuicio, explicó René Portillo Cuadra, diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Lo curioso, según él, es que el lunes 7 de diciembre fue publicada en el Diario Oficial el fin de su cargo.
«¿En qué calidad llegó (Arriaza Chicas) a la Asamblea? Él ya no lo era y sabiendo que no era se sentó, hizo defensa y permitió ejercer cargos propios de viceministro; le complica su situación personal», explicó.
Concluyó que al final se llegó al mismo punto: que el funcionario enfrente la justicia como un ciudadano común.
Las horas perdidas
El artículo 338 del Código Penal establece que quien desobedezca una orden dictada de acuerdo con la ley y proferida por una autoridad o funcionario en el ejercicio de sus funciones será sancionado con uno a tres años de cárcel más 50 a 100 días multa.
Las conclusiones de la Comisión de Antejuicio fueron: ha lugar al antejuicio para que enfrente el delito, retirar el fuero para que pueda enfrentar los tribunales ordinarios y ordenar la suspensión del ejercicio de sus funciones.
Cristina Cornejo, diputada del FMLN, señaló que el antejuicio inició porque el Gobierno de Bukele se ha negado a rendir cuentas de cómo ha ocupado el dinero aprobado para paliar los efectos de la pandemia del coronavirus.
“El ministro de Hacienda se negó, incluso se burló”, recordó.
Dijo, además, que le llamó la atención que Arriaza Chicas, en vez de cumplir la orden, respondió “al margen de sus facultades legales” que no iba a llevar al ministro de Hacienda. “No cumplió con lo que el cargo le requería y solicitó una reprogramación porque el ministro decía que estaba muy ocupado”, dijo.
“No podemos permitir que una institución tan importante como la PNC la sigan politizando, instrumentalizando”, criticó. “Le debe obediencia al pueblo salvadoreño, no a una persona o partido político”, expresó.
Después de pronunciar esos comentarios los defensores del director de la PNC expusieron sus argumentos: la acusación se base en una ley derogada, el ministro Zelaya había justificado por su cuenta su ausencia en la Comisión, es decir, que primero debieron notificarle a él que iba a ser llevado por apremio.
Luego de más de una hora de participación de los defensores, el abogado Nahúm García mostró una hoja en blanco que se supone contiene la renuncia de Arriaza Chicas.
Después se retiraron del pleno todos los abogados y el funcionario. Afuera los esperaba el resto de ministros.
En ese momento el presidente Bukele publicó un hilo en sus cuentas de redes sociales seguido por otros funcionarios.
El 9 de octubre Arriaza Chicas fue nombrado como viceministro de Seguridad Pública. El nombramiento quedó consignado en el Diario Oficial publicado el 12 de octubre. El propósito, aparentemente, fue blindarlo de acusaciones penales.
Un mes y un día más tarde la Fiscalía General presentó en la Asamblea la petición de antejuicio contra Arriaza Chicas por el presunto cometimiento del delito de incumplimiento de deberes.
En el requerimiento fiscal los investigadores señalaron que el funcionario de la presidencia de Bukele se negó a obedecer la orden de la Asamblea de llevar por la fuerza al ministro de Hacienda.
En esos días los diputados también pidieron al director de la PNC llevar por apremio a Francisco Alabí, ministro de Salud, que también se resistió a llegar a la Asamblea a responder preguntas relacionadas con la pandemia de coronavirus.
El 12 de noviembre la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea emitió dictamen favorable para la creación de la Comisión Especial de Antejuicio contra el director de la PNC.
El 4 de diciembre la Comisión Especial de Antejuicio aprobó dictamen para desaforar al viceministro. Votaron a favor: Rodolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ricardo Velásquez Parker y Mauricio Ernesto Vargas, de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y los diputados del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Javier Valdez y Yanci Urbina.
Antonio Almendáriz, del Partido de Concertación Nacional (PCN); y Guillermo Gallegos, de Gran Alianza por la Unidad (GANA), votaron en contra.