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ANEP advierte peligrosa politización de la PNC

Con los Acuerdos de Paz fue desmilitarizada y obligada a ceñirse a criterios de actuación legales y al respeto a los derechos humanos.

Redacción
Foto Referencia
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En un comunicado, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) advirtió que la Policía Nacional Civil (PNC) ha dejado de cumplir su claramente delimitado rol de garantizar la seguridad pública de manera no deliberante para convertirse en un brazo político del presidente Nayib Bukele.

Ese mismo papel ha comenzado a desempeñar también la Fuerza Armada (FAES) cuya única función legal es colaborar, de manera extraordinaria, en labores de seguridad pública junto a la PNC y, de manera natural, garantizar la integridad del territorio salvadoreño.

“Es evidente la reiterada actuación ilegal e inconstitucional de parte de las altas autoridades policiales, quienes en su afán de complacer al presidente (Bukele) olvidan su responsabilidad con la población”, puede leerse en el comunicado que la gremial publicó.

“Tanto las cúpulas de las Fuerzas Armadas como la de la PNC han reiterado que están a las órdenes del presidente y no de la nación”, agregó.

La ANEP recordó que la PNC nació como parte de los Acuerdos de Paz firmados el 16 de enero de 1992 separándola de la Fuerza Armada, es decir, fue desmilitarizada y obligada a ceñirse a criterios de actuación legales y al respeto a los derechos humanos.

“Más preocupante aún es ver como la PNC se ha convertido en un brazo político del presidente de la República, desobedeciendo lo que manda la Constitución”, reiteró la organización empresarial.

Señaló, además, que en ese afán la PNC ha desobedecido a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Instituciones a las que por ley la PNC también debe obediencia como un ente imparcial y apolítico al servicio de la nación entera”, advirtió la ANEP.

En el comunicado también calificó como inaceptable que un grupo de militantes de Nuevas Ideas haya presuntamente privado de libertad a los trabajadores y magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) así como también a un grupo de periodistas que cubren la fuente política.

“Pese a las denuncias la PNC, lejos de proteger a los afectados, parecía acuerpar a los agresores”, dijo.

“Los ciudadanos no podemos permitir que las instituciones, sobre todo las armas, se utilicen para propósitos políticos y se conviertan en una especie de guardia personal”, concluyó.

El 10 de noviembre la Fiscalía General de la República (FGR) presentó solicitud de antejuicio contra Mauricio Arriaza Chicas, director de la PNC, para procesarlo penalmente por presunto incumplimiento de deberes cuando los diputados le ordenaron llevar por apremio, es decir a la fuerza, a Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda.

También se negó a llevar por apremio a Francisco Alabí, ministro de Salud.

Ambos funcionarios se excusaron alegando que tenían otras actividades, con la venia de la PNC. El pasado 3 de octubre, Zelaya optó por asistir a un evento en Metapán y ayer el ministro de Salud estuvo en el cerco sanitario instalado en Chalchuapa.

Arriaza Chicas también se negó a intervenir cuando sindicalistas municipales de ASTRAM bloquearon el acceso al relleno sanitario de Nejapa, generando una crisis de insalubridad en San Salvador, esto pese a que la misma FGR emitió una orden funcional para desalojar a los manifestantes.

El 4 de octubre Raúl Melara, fiscal general, advirtió a Arriaza Chicas que el negarse a cumplir las direcciones funcionales de la Fiscalía era un delito: “hará incurrir en responsabilidad penal a todos los involucrados dentro de la PNC”.

El 7 de octubre la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) publicó un comunicado señalando que las acciones de Arriaza Chicas podían considerarse desacato, incumplimiento de deberes y atentados a la Constitución y el Estado de derecho.

En el comunicado dijo que la falta de sumisión al orden jurídico por parte de los funcionarios, en este caso el director Arriaza Chicas, “pone bajo grave amenaza al sistema democrático, a la gobernabilidad y a la paz social”.

Además, el actuar del director policial “constituye un serio atentado contra el Estado de derecho y un precedente muy grave para la institucionalidad democrática”.

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