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Asamblea aprueba reforma constitucional para reconocer derecho al agua

La siguiente legislatura deberá ratificarla para finalmente quedar plasmada en la carta magna.

Redacción
FOTO: D1, ARCHIVO
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Con 77 votos de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Gran Alianza por la Unidad (GANA) y los partidos Demócrata Cristiano (PDC) y Concertación Nacional (PCN) fue aprobada la reforma de la Constitución para reconocer el derecho humano al agua y su saneamiento.

Los artículos reformados serán el 2 y el 69 de la Constitución. La siguiente legislatura deberá ratificarla para finalmente quedar plasmada en la carta magna.

Cristina Cornejo, diputada del FMLN, recordó que en la legislatura anterior su partido intentó aprobar la reforma para ratificarla en este tiempo pero no fue posible.

“Es importante para prohibir una ruta, para prohibir un camino a una posible privatización del agua en este país”, dijo en la celebración de la sesión plenaria.

Mario Tenorio, diputado de GANA, también recordó que la Asamblea aprobó en dos legislaturas anteriores el derecho humano al agua. “Solamente faltó el voto de un diputado para poder haber ratificado el acuerdo de reforma”, dijo.

Reiteró, además, que falta la ratificación de la siguiente legislatura para que sea una realidad.

Emilio Corea, diputado de ARENA, explicó que en el caso del artículo 2 le ha sido adicionado la frase “toda persona tiene derecho a la vida, al agua y su saneamiento”.

Al artículo 69 le fue agregado, además, “es una obligación del Estado crear políticas públicas y leyes que garanticen a todos los habitantes agua salubre, asequible así como aprovechamiento y preservación de los recursos hídricos. El agua constituye un bien público”.

El 28 de abril de 2015 con los votos de FMLN y GANA los diputados nuevamente aprobaron la reforma al artículo 69. Pero fue un proyecto distinto a los aprobados tres años antes. Es decir: ese año debió haber sido ratificada la reforma de 2012 pero ese texto no prosperó.

Ese proyecto decía que toda persona tiene derecho a la alimentación adecuada y obligaba al Estado a crear una política de seguridad alimentaria y nutricional para todos los habitantes. Señalaba, además, que el agua es un recurso esencial para la vida en consecuencia deben “aprovecharse y preservarse los recursos hídricos y procurar su acceso a todos los habitantes”.

Entraría en vigencia si la legislatura que tomó posesión en 2015 la ratificaba. Pero no ocurrió.

En ese entonces ARENA lo rechazó porque dijo que excluía a las comunidades que auto gestionaban sus recursos hídricos. Veía, asimismo, un intento de monopolizar el agua a través de ANDA.

Mientras el FMLN consideraba que la negativa de su adversario era una excusa para entregar el vital líquido a las empresas privadas y abrir las puertas al lucro.

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