Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mandaron una carta a Nayib Bukele en la que le aclararon que la Presidencia de la República nunca tuvo facultades para restringir derechos de los ciudadanos como el libre tránsito o las libertades económicas sino que los únicos que sí tienen esa potestad son los diputados a través de la Asamblea Legislativa.
La Sala señaló que para restringir debe seguirse el proceso de ley: hacerlo en conjunto los dos órganos estatales, es decir, la Asamblea que elabora la ley y el Ejecutivo que la sanciona. “Es una premisa básica que no puede soslayarse”, puede leerse en un extracto de la carta enviada a la Presidencia.
Respondió también que nunca le quitó al Gobierno los recursos legales para frenar la propagación del coronavirus sino que la primera ley de emergencia, que reguló el confinamiento, fue aprobada sin tener la suficiente justificación. En esa aprobación también participaron los diputados de los partidos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Gran Alianza por la Unidad (GANA), algunos miembros del Partido de Concertación Nacional (PCN) y Cambio Democrático (CD).
“Esa decisión no es un obstáculo ni una prohibición para que el Órgano Ejecutivo haga su trabajo frente a la pandemia, sino un control establecido por la Constitución sobre la forma en que dicho trabajo debe ser realizado”, dijeron los magistrados.
“Si para controlar la pandemia necesita imponer este tipo de restricciones, su única alternativa, conforme a una república democrática es consensuar una ley formal”, advirtieron los magistrados agregando que cualquier restricción de derechos fundamentales debe apegarse a parámetros de razonabilidad, proporcionalidad, temporalidad, estricta necesidad, entre otros.
“Se trata de una exigencia inherente al sistema democrático del país”, reiteraron los magistrados.
El 20 de junio Bukele volvió a repetir que el Órgano Judicial y la Asamblea Legislativa le habían quitado sus facultades para luchar contra la propagación del coronavirus ya que los magistrados de la Sala Constitucional declararon ilegales todos los decretos que emitió la Presidencia de la República con el propósito de restringir los derechos de libre tránsito, circulación, movilidad en todo el territorio del Estado salvadoreño, libertad económica, entre otros.
Los magistrados, además, desdeñaron el que el presidente haya calificado como “arrebato jurídico” o “frenesí constitucional” la sentencia en la que invalidaron la mayoría de decretos presidenciales emitido vía el Ministerio de Salud (MINSAL) con los el Gobierno mantuvo confinada a la mayoría de los ciudadanos durante más de mes y medio así como también con los que prohibió el libre tránsito establecido en la Constitución.
