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El pueblo salvadoreño no perdona a los partidos corruptos

Los funcionarios deben estar claros que los únicos responsables de lo que firmen son cada uno de ellos.

Redacción
Foto D1, archivo.
Foto D1, archivo.

En este artículo, publicado en La Prensa Gráfica, el economista Luis Membreño hace un repaso de la debacle de los partidos políticos, desde los tiempos de la democracia cristiana, por continuos actos de corrupción. Advierte que si los funcionarios del actual gobierno cometen ilegalidades podrían terminar procesados en tribunales de justicia y el partido Nuevas Ideas entraría a esa interminable lista de partidos desprestigiados popularmente por corruptos.

Por Luis Membreño

Los salvadoreños le perdonamos muchas cosas a los funcionarios y a los partidos políticos, pero lo que sí nos lleva a tomar decisiones radicales son los actos de corrupción de parte de funcionarios que han sido elegidos por medio del voto y quienes a su vez designan funcionarios para que los acompañen en su gestión del gobierno. En 1989 fue la primera vez que presencié un castigo del electorado cuando ganó el presidente Alfredo Cristiani luego de cinco años de gobierno de la Democracia Cristiana bajo el liderazgo de José Napoleón Duarte. El pueblo castigó tan severamente a la Democracia Cristiana que en las últimas elecciones legislativas ha tenido entre uno y tres diputados después de haber ostentado la mayoría simple (33 de 60 diputados) en las elecciones de 1985 y haber tenido al mismo tiempo la Presidencia de la República.

La segunda vez fue en 2009 cuando el pueblo salvadoreño castigó a ARENA luego de los grandes indicios que había de la corrupción de Tony Saca. En ese momento los salvadoreños le transfirieron el poder del Ejecutivo a Mauricio Funes bajo la bandera del FMLN para que entre otras cosas combatiera la corrupción, pero al final salió corregido y aumentado. En 2019 el pueblo salvadoreño compró los conceptos de campaña que vendió muy hábilmente Nayib Bukele “los mismos de siempre”, “el dinero alcanza cuando nadie roba”, “devuelvan lo robado”. Los salvadoreños votaron mayoritariamente por Nayib Bukele y venció a ARENA y al FMLN juntos, ya que obtuvo más de la mitad de los votos en la primera vuelta.

Es decir que el pueblo ha castigado tanto al Partido Demócrata Cristiano, a ARENA, al FMLN y agregaría al PCN en los últimos cuarenta años. Al llegar Nayib Bukele al poder dejó entrever un desconocimiento de las leyes salvadoreñas al ordenar a sus ministros despedir funcionarios a quienes relacionaba en su tuits con el gobierno anterior. Digo que fue ilegal lo que hizo porque la ley protege los derechos de los ciudadanos y nadie puede ser despedido en la administración pública sin que se le haya seguido el debido proceso. De ahí que después muchos de los despedidos interpusieron recursos de amparo y los ganaron.

El 9 de febrero el presidente Bukele entró a la Asamblea Legislativa con el ejército y la policía aduciendo que él tenía facultades constitucionales para convocar a los diputados a una plenaria y se sentó en el puesto del presidente de la Asamblea Legislativa, usurpando sus atribuciones constitucionales. La Sala de lo Constitucional se pronunció al día siguiente aceptando un recurso de inconstitucionalidad y previno a la Fuerza Armada y a la PNC de no volver a ejecutar acciones que son evidentemente inconstitucionales. Durante toda la pandemia el presidente Bukele emitió 11 decretos ejecutivos que el 8 de junio la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucionales y dejó claro que el presidente de la república no puede convocar a una plenaria mientras los diputados estén teniendo sesiones ordinarias y extraordinarias como ha ocurrido en estos meses.

Los decretos de emergencia aprobados por la Asamblea Legislativa le han dado facultades al Ejecutivo para hacer compras de manera rápida y sin tener que cumplir con los requisitos de licitaciones que establece la LACAP. Esta es una ventaja para poder actuar ante una emergencia, pero no exime a los funcionarios de la obligación de velar por el cuidado de los fondos públicos y de no transgredir las demás leyes vigentes.

Los ministros que ejecuten estos fondos deben estar claros que no pueden adjudicar fondos a compras si no están respaldados sin una ley de emergencia vigente, como es el caso actual y lo ha sido en diferentes momentos en los últimos meses. También deben saber que la Corte de Cuentas auditará todas las compras y que si hay violaciones a las leyes, el funcionario que firmó tendrá que responder personalmente, con su propio patrimonio, por aquellos delitos que haya cometido en perjuicio del Estado.

Los funcionarios deben estar claros que aunque el presidente de la república les dé una orden verbal o por Twitter, los únicos responsables de lo que firmen son cada uno de ellos. Algunos funcionarios podrán terminar en la cárcel o con sendos procesos jurídicos al salir de la pandemia y si son condenados, tendrán que pagar personalmente por sus delitos. Esto podría llevar al partido Nuevas Ideas a ser la quinta víctima del pueblo salvadoreño en un futuro.

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