Con 84 votos a favor, diputados de la Asamblea Legislativa autorizaron este jueves al gobierno adquirir una deuda de 2,000 millones de dólares para enfrentar la emergencia por el coronavirus.
El gobierno podrá emitir títulos valores hasta por $2 mil millones o adquirir préstamos (o combinación de ambos) para financiar la emergencia sanitaria del coronavirus.
Los títulos valores se podrán emitir por plazos de hasta 40 años. Los préstamos, por su parte, se podrán pagar en los próximos 35 años.
El 70% del dinero que se adquiera servirá para atender la emergencia sanitaria y el 30% será entregado a las alcaldías para que desarrollen proyectos en beneficio de la comunidad.
Además, se conformará el “Comité de Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica» para fiscalizar la ejecución de los fondos.
La Junta Directiva del comité estará conformada por un coordinador, el cual será nombrado por el presidente de la República. También un representante de la micro, pequeña y mediana empresa nombrado por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, y un representante de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
También participarán los ministros de Salud, de Hacienda, de Economía, de Obras Públicas y de Turismo. De la sociedad civil habrá un representante de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), uno de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, (UCA) y otro de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN).
Para supervisar el gasto del dinero adquirido por el gobierno, el comité podrá apoyarse en la Corte de Cuentas de la República.
Al ser cuestionado cómo utilizará el Gobierno el dinero adquirido, el secretario Privado Ernesto Castro contestó que “hay tantas cosas: las vidas, el hospital, el apoyo económico que se le tiene que dar, la reactivación, el porcentaje para los municipio».
“Con estos fondos se podrá hacer la transferencia de los famosos 300 dólares a las familias salvadoreñas”, dijo el diputado de ARENA, Carlos Reyes.
Antes de aprobar el decreto para que el gobierno pueda adquirir hasta $2,000 millones para atender la emergencia, los diputados aprobaron suspender temporalmente la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El pasado lunes, la Asamblea Legislativa aprobó autorizar al Gobierno la compra directa, es decir saltando la obligación de recurrir a licitación pública y de garantizar competencia entre licitantes, de dispositivos médicos, bombas de infusión, camas hospitalarias, mascarillas número 95 y otros implementos necesarios para contener la propagación y atender enfermos de coronavirus.
Los diputados reformaron el decreto de declaratoria de emergencia que el 14 de marzo aprobó la Asamblea; le agregaron dos artículos más en los que establecen que los insumos médicos que compre el Estado estarán libres de impuestos y tasas municipales.
Además, las compras serán publicadas en las páginas de las instituciones que las hagan y las contrataciones estarán sujetas a los principios de prontitud, máxima publicidad, gratuita, sencillez, rendición de cuentas y otros establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
Otros de los insumos médicos establecidos en la reforma son: trajes de protección especial y de aislamiento, guantes, gafas de protección, hidroxicloroquina, interferón Alfa B2, ambulancias, entre otros.
Implica que el Gobierno podrá obviar los procedimientos que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
Cada 30 días deberá el Gobierno presentar un informe cada 30 días incluyendo información del proveedor y el monto de lo comprado así como también un informe final al terminar la crisis del coronavirus.