Diecinueve congresistas de los Estados Unidos calificaron de “intimidación política” la decisión del presidente Nayib Bukele que hace una semana irrumpió el Salón Azul y otras áreas de la Asamblea Legislativa con soldados y policías armados.
“Estos actos de intimidación política deben ser controlados lo más rápido que se pueda”, dice un extracto de la carta que los congresistas Jimmy Panetta, James McGovern, Ilhan Omar, Raúl Grijalva, Mark Pocan, Ted Lieu, Jim Costa, Debbie Mucarsel-Powell, John Garamendi, Suzanne Bonamici, Gilbert Cisneros y David Price mandaron a Mike Pompeo, secretario de Estado del país norteamericano.
“Desgraciadamente este incidente es el último ejemplo de un incremento militar por parte de líderes gubernamentales en Centro y Sur América; esta alarmante tendencia de utilizar a las fuerzas armadas para mostrar poder y legitimar decisiones políticas significa un gran peligro para América Latina porque lleva a la confrontación y pone de manifiesto una desilusión –fuera de lugar- de los procesos tradicionales de las instituciones democráticas”, continúa la carta que los congresistas mandaron al gobierno de Donald Trump.
Los congresistas también pidieron a Trump que condene las acciones de Bukele para que éste se reencauce en el respeto a la independencia de poderes y a la democracia constitucional.
La semana pasada un grupo de policías y militares, con Mauricio Arriaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil (PNC) y Francis Merino Monroy, ministro de defensa, a la cabeza se tomaron los principales accesos y el Salón Azul de la Asamblea custodiando la llegada de Bukele que había convocado, a través del Consejo de Ministros, a los diputados para que votaran por la aprobación o no de 109 millones de dólares para financiar la fase tres del Plan Control Territorial.
En las redes sociales circularon videos en el que se observan francotiradores que están instalados en uno de los edificios del Ministerio de Educación (MINED) donde el presidente también pronunció un breve discurso en el que dijo que un dios le había hablado y le había pedido paciencia para con los diputados.
Unas horas antes el ministro de Defensa reiteró el apoyo de la Fuerza Armada al presidente y afirmó que la institución castrense “cumplirá la ley, aún a costa de nuestras vidas”. “Estamos esperando órdenes de nuestro comandante general y estamos dispuestos a defender nuestra patria aún a costa de nuestras vidas”, dijo.
El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, señaló que la PNC “espera instrucciones del presidente ante la negativa de los diputados de asistir a la convocatoria constitucional del Consejo de Ministros”.
El 12 de febrero la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que ha iniciado una investigación por la militarización de la Asamblea. “El fiscal general advertía que el orden constitucional se puso en peligro y llamaba a la calma y al consenso. Estas acciones pusieron al Estado de Derecho, la división de poderes y el orden constitucional”, dice un comunicado de la institución.
El Ministerio Público aseguró que si durante la investigación encuentran algún indicio de ilegalidad, procesarán a las personas implicadas. Además, advierte ante nuevas amenazas de subvertir el orden.
“Ante el contexto actual, y en vista de que incluso se está desafiando y amenazando el orden público y constitucional, por medio de discursos y declaraciones en redes sociales, la FGR exige respeto a la Constitución de la República”.
Luego agrega: “El llamado de cualquier ciudadano a sustituir, intervenir o coaccionar de manera ilegítima a cualquier institución del Estado va en contra de nuestra Constitución y atenta contra el Estado de Derecho”.
Unos días antes Raúl Melara, fiscal general, había lamentado el “uso excesivo” de la Fuerza Armada en la Asamblea. “No se vale la militarización al interior de la Asamblea Legislativa. Creo que eso no debe volver a suceder”, dijo en una entrevista.
Aseguró, además, que estará vigilante para que “este tipo de hechos no vuelva a suceder”, pues, a su criterio, debe prevalecer el diálogo y el consenso.
