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Persecución internacional contra guerrilleros que derribaron helicóptero en Lolotique

La jueza asegura que el expediente judicial está fuertemente resguardado. Incluso ha pedido dos cajas fuertes para eso.

Redacción
Foto: Biblioteca UTEC.
Foto: Biblioteca UTEC.

El Juzgado de Primera Instancia de Chinameca, San Miguel, ordenó perseguir nacional e internacionalmente a los tres exguerrilleros acusados de derribar un helicóptero en el que viajaban tres soldados de la Fuerza Aérea de Estados Unidos el 2 de enero de 1991, un año antes de la firma de los Acuerdos de Paz en el Castillo de Chapultepec.

La orden la mandó a la Policía Internacional (INTERPOL) la jueza Dinora del Carmen Andrade de Lazo, según publicación de Diario El Mundo. También pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores que, a través de la embajada estadounidense en El Salvador, contacte a los familiares de las víctimas para informales de los procesos judiciales presentes y venideros.

La nota, que firma el periodista Juan Carlos Vásquez, señala también que la juez ordenó al Centro Nacional de Registros (CNR) embargo judicial contra los bienes de los que los imputados puedan ser propietarios.

En la publicación, la jueza asegura que el expediente judicial está fuertemente resguardado. Incluso ha pedido dos cajas fuertes para eso.

De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, el crimen ocurrió en los años 90 cuando un helicóptero UH-1H de la Fuerza Aérea estadounidense era tripulado por los militares David H. Pickett, Ernest Dawson y el piloto Daniel Scott y fue derribado por tres guerrilleros pertenecientes al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una de las cinco organizaciones que integraron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

El derribo ocurrió en el cantón San Francisco, de Lolotique, San Miguel.

Al caer a tierra los militares gringos seguían vivos, según publicaciones de Diario El Mundo de los años 90. Los lugareños llegaron a intentar auxiliarlos y los dejaron solos para ir a traerles agua. En ese momento escucharon disparos y al regresar los encontraron muertos.

La versión más extendida es que fueron ejecutados. Los responsables de la ejecución se presume que son Fernán Fernández Arévalo, alias Porfirio; Santos Guevara Portillo, Domingo; y Severiano Fuentes, Aparicio. En ese entonces los tres eran miembros del ERP. Los máximos responsables de la organización, en esa época, eran Joaquín Villalobos, Ana Guadalupe Martínez, entre otros.

Las investigaciones de la Comisión de la Verdad concluyeron que se trató de la ejecución de dos heridos. Eso viola las leyes internacionales de la guerra y puede considerarse un crimen de lesa humanidad.

El caso, como otros de los años de la Guerra Civil, está siendo juzgado según las reglas del Código Penal de 1973, es decir, que la jueza se encarga de recolectar la prueba y el fiscal solo sirve de apoyo.

El 8 de febrero de 2017 el Colectivo de Víctimas de Terrorismo en El Salvador presentó dos denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigara la masacre de cuatro marines estadounidenses en la Zona Rosa, el 19 de junio de 1985, y el derribo del helicóptero en Lolotique.

En la denuncia el Colectivo pide que sean investigados como responsables el expresidente Salvador Sánchez Cerén, Villalobos, Nidia Díaz, Francisco Jovel, Jorge Meléndez y otros antiguos líderes de la exinsurgencia.

El escrito fue presentado después que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró ilegal la Ley de Amnistía que cubrió con un manto de impunidad los crímenes cometidos durante la guerra. Los magistrados anularon la vigencia de esa ley el 13 de julio de 2016.

Cinco meses después Douglas Meléndez, entonces fiscal general, dio a conocer que la Fiscalía había girado órdenes de captura contra los tres acusados de asesinar a los militares estadounidenses en Lolotique.

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