Ayer una comitiva de trece congresistas del Partido Demócrata visitó Guatemala. Intentaron conocer los detalles del acuerdo migratorio que firmaron los presidentes Donald Trump y Jimmy Morales el 26 de julio para frenar las desbordantes olas de migrantes que quieren llegar a Estados Unidos a pedir asilo o refugio. Pero no pudieron. La información no está al alcance de todo el mundo. Nadie les quiso decir nada.
Este viernes 9 de agosto la comitiva llegó a El Salvador. Hablaron con los sobrevivientes de la Masacre del Mozote, con víctimas de desplazamiento forzado y con los jesuitas Andréu Oliva y José María Tojeira, rector y exrector, respectivamente, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). También pronunciaron declaraciones a los medios de comunicación en las que rechazaron la idea de convertir a El Salvador y Honduras en campos de concentración para migrantes.
Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de representantes de los Estados Unidos, aseguró no estar “convencida” de la solución que tiene entre manos la administración de Trump. “No aminaría a seguir esa ruta”, reiteró.
“Está difícil, queremos frenarlo, pero el presidente Trump tiene otra opinión”, afirmó Henry Cuellar, representante del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes.
Norma Torres, representante del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes, rechazó que Guatemala, país en el que nació hace 54 años, haya cedido a las pretensiones del presidente Trump. “Es lo mismo para El Salvador y Guatemala”, expresó. Por el contrario, consideró que se puede trabajar en los países de origen de la migración para cambiar las condiciones económicas, sociales, políticas y de inseguridad que provocan la expulsión de ciudadanos. “Tenemos esperanza de que el país mejore”, agregó.
Los demócratas también aseguraron estar trabajando para que Estados Unidos apruebe una reforma migratoria integral pero el problema está en que hasta la fecha no ha sido llevada a votación; está estancada en la Cámara de Representantes y son culpables de eso, según la congresista Nydia Velásquez, los representantes de lugares como Florida, como Marco Rubio. “Hay que presionarlos”, aconsejó.
El 1 de agosto Kevin McAleenan, secretario interino de Seguridad Nacional estadounidense, anunció que se pretende extender a Centroamérica el convenio que firmaron Trump y los representantes del presidente Morales. El argumento es que es una responsabilidad regional controlar el “enorme flujo” de centroamericanos y de otras nacionalidades que viajan al norte del Río Bravo.
James McGovern, presidente del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes, fue más duro que sus compañeros: recordó el papel de financista de la Guerra Civil que interpretó en los años 80 Estados Unidos, recriminó cómo ese dinero terminó ayudando a los Jesuitas de la UCA que fueron asesinados en el campus universitario la madrugada del 16 de noviembre de 1989, señaló que después de la firma de los Acuerdos de Paz el gobierno de su país, en vez de quedarse a reconstruir o a implementar un programa al estilo Plan Marshall (que sirvió para que Europa saliera del desastre de la Segunda Guerra Mundial) deportó a docenas de pandilleros que vinieron a fundar el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha. “Los derechos humanos deben ser una parte central y vamos a ser una voz de los que buscan justicia”, dijo.
También pidió a los militares salvadoreños involucrados en la Masacre de El Mozote, y a las instituciones de su país, colaborar para que los sobrevivientes y las víctimas tengan, 37 años después, justicia. “Es un capítulo oscuro de Estados Unidos en El Salvador”, afirmó.
“No hemos trabajado con El Salvador como buenos vecinos”, concluyó McGovern.
Pelosi contó que en los años 80 se reunió con el entonces presidente Napoleón Duarte para hablar de la matanza en Morazán y que esta vez, que se reunirá con el presidente Nayib Bukele, lo volverá a plantear.
Después de la reunión con los jesuitas de la UCA, la comitiva se reunió con Bukele para hablar de desplazamientos forzados, de los avances en la búsqueda de justicia en la Masacre de El Mozote, de una nueva ley de amnistía, gobernabilidad, de cómo desbloquear la cooperación económica para El Salvador que bloqueó la administración Trump, y de cómo lograr prosperidad económica para que los salvadoreños no estén obligados a migrar.
