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POLÍTICA

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El Salvador recuperará más rápido dinero que saquearon funcionarios corruptos

Ahora la UIF tiene autonomía para compartir y recibir información sin depender ni siquiera del fiscal general de turno

Redacción
Corruptos

El camino está allanado. Solo es cuestión de andarlo. Después que El Salvador volvió a ser integrado al Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (o simplemente Grupo Egmont) a la Fiscalía General de la República ya no le queda excusa para acelerar las investigaciones de los movimientos de millones de dólares realizados por funcionarios corruptos en los últimos veinte o más años.

Fuera del Grupo Egmont, la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía (UIF) perdía fuerza porque iba a depender del Órgano Ejecutivo para pedir asistencia internacional a países con los que se mantienen relaciones diplomáticas. Es decir: si, por ejemplo, se necesita información de los movimientos de dinero del expresidente Mauricio Funes, se tendría que primero acudir al Ministerio de Relaciones Exteriores que a su vez deberá contactar al ministerio de relaciones exteriores del país requerido a que su sistema financiero brinde información, atándose la justicia no solo a un pesado proceso burocrático sino también al antojo de los gobernantes de turno que puede tener intereses en ocultar o frenar investigaciones. Con este tipo de trabas la justicia puede tardar años y años en llegar o, en el peor de los casos, nunca llegar.

Pero ahora que la UIF tiene autonomía para compartir y recibir información sin depender ni siquiera del fiscal general de turno; el camino para indagar contra los intereses de los corruptos está allanado.

Mauricio Choussy, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), lo resumió en una entrevista con Contrapunto.com.sv: “Hacer más expedita la obtención de información para documentar los casos de corrupción que ya están en los tribunales o los nuevos casos que puedan salir a la luz pública”. Y agregó: “Hay casos en los que podrá recuperarse más fácilmente si se logra identificar dónde está el dinero y si luego se puede accionar para que el dinero pueda ser congelado en las cuentas en el exterior”.

Este proceso no fue fácil. El antecedente más inmediato comenzó a finales de noviembre de 2013 cuando Mauricio Funes Cartagena divulgó en su programa Conversando con el Presidente la existencia del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) emitido por el Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en el que se señalaba que el expresidente Francisco Flores era investigado por el movimiento de 15 millones de dólares entre Las Bahamas, Costa Rica y finalmente el país más pequeño de Centroamérica.

La revelación provocó un escándalo mayúsculo a las puertas de la campaña electoral de las elecciones presidenciales de 2014: Flores, que entonces era el asesor principal del candidato Norman Quijano, era investigado por corrupción política por el desvío de la cooperación de Taiwán para los terremotos de enero y febrero de 2001.

Funes alertó que durante mucho tiempo Flores no había sido investigado por ese movimiento sospechoso de millones de dólares. Pero lo hizo a costa de divulgar un informe secreto de inteligencia bancaria.

El 9 de enero de 2014 Estados Unidos dio la primera alerta. La entonces embajadora Mari Carmen Aponte advirtió que el Departamento del Tesoro estaba evaluando cómo evitar que a futuro ocurrieran filtraciones de información similares.

En los meses posteriores Funes atribuyó a Mario Acosta Oertel, exministro del Interior, la filtración del documento. Contó que un día se reunieron en la Residencia Presidencial a desayunar y que en ese momento le entregó los documentos que en ese momento se creía que evidenciaban una supuesta evasión de impuestos a través de una fundación que Flores había inscrito en Estados Unidos. Según el entonces mandatario, el exdirigente arenero quería afectar a su adversario dentro del partido.

Pero Acosta Oertel negó los señalamientos de Funes y afirmó que lo único que pretendía era sembrar la discordia en ARENA.

El 6 de mayo de 2014, después de meses y meses de presión de oenegés y de políticos, la Fiscalía General, entonces administrada por Luis Martínez, presentó el requerimiento fiscal contra el expresidente Flores por el desvío de 10 millones de dólares de la cooperación de Taiwán a las arcas de ARENA, precisamente en la campaña electoral de 2004 cuando el candidato era Elías Antonio Saca.

El dinero, procedente de Las Bahamas, primero fue depositado en una cuenta del Banco Internacional Cuscatlán, sucursal La Uruca, en Costa Rica, y posteriormente transferido a una cuenta de ARENA, en San Salvador. El 7 de enero de ese mismo año Flores había confesado en la Asamblea Legislativa que mientras fue presidente recibió “unos 15 o 20 millones” con cheques a su nombre porque personalmente gestionaba los fondos con el expresidente Chen Shui-bian.

En julio de 2016 la Fiscalía recibió un aviso contra Funes por divulgar información confidencial. El argumento era que como consecuencia de esa filtración el país estaba siendo excluido de los organismos internacionales en los que se comparten datos para investigar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El 9 de enero de 2018 la Fiscalía presentó una propuesta de reforma a varios artículos de su Ley Orgánica pretendiendo dar mayor autonomía a la UIF para evitar fuga de información, inclusive ni el propio fiscal general conocería las investigaciones que están en proceso. Esta iniciativa se basó en las observaciones que la institución recibió de organismos internacionales; si no las realizaba sería excluido de los países que comparten y reciben datos relevantes. En ese momento el primero en oponerse fue el FMLN alegando que se trataba de una revancha de la Fiscalía por la divulgación que Mauricio Funes hizo del ROS. ARENA, PCN y otros partidos apoyaron de inmediato la propuesta.

El 20 de julio de ese año la Asamblea, con 55 votos, aprobó el pliego de reformas para dar autonomía a la UIF de la Fiscalía. El artículo 70 de la ley Orgánica fue el modificado. El artículo quedó así: “La UIF es una oficina primaria adscrita a la Fiscalía con autonomía funcional y técnica para recibir, procesar, analizar y diseminar a la autoridad competente en el marco de la ley, información para prevenir y detectar el lavado de dinero y activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

Esta reforma estaba acorde con los principios del Grupo Egmont y con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFIC).

La reforma al artículo 70 era la recomendación número 29 del GAFIC: “Debe contar con autoridad y capacidad para desempeñar funciones con libertad, incluyendo la decisión autónoma de analizar, solicitar y comunicar información específica (…) debe estar libre de alguna influencia o interferencia política, gubernamental o industrial indebida”.

Casi un mes más tarde el presidente Salvador Sánchez Cerén vetó la reforma al considerarla inconstitucional. Según él otorgaba atribuciones especificas del fiscal general al jefe de la UIF. “Rompe el orden” establecido en la Constitución.

El 24 de septiembre, cuando inició la décimo quinta sesión del Grupo Egmont, la Fiscalía fue notificada verbalmente de su suspensión en el organismo internacional. El 12 de octubre llegó al país la notificación oficial. Seis días más tarde la Asamblea Legislativa decidió superar el veto presidencial. Posteriormente el caso fue trasladado a la Corte Suprema de Justicia.

Pero el daño ya estaba hecho.

En esos días el país había presentado 64 solicitudes de información a varios países para recabar pruebas en casos de presunta corrupción y lavado de dinero: 30 eran para obtener datos de personas naturales y 34 de personas jurídicas.  Tres casos emblemáticos quedaron truncados: las investigaciones por la sustracción de millones y millones de dólares del erario público atribuidos a los expresidentes Funes y Saca, así como las causas contra José Adán Salazar Umaña, alias Chepe Diablo, presunto narcotraficante.

“Se nos han cortado las alas”, describió Jorge Cortez, entonces jefe de la Unidad Antilavado de la Fiscalía.

De hecho el principal beneficiado con la suspensión del país, según Cortez, fue Funes porque 38 de las 64 solicitudes de información estaban relacionados en su caso. Es paradójico: en septiembre de 2016 Medardo González, entonces secretario general del FMLN, dio a conocer que su partido le había aconsejado al expresidente no regresar al país; él actualmente está asilado en Nicaragua.

Funes es acusado de desviar 351 millones de dólares de las arcas de Casa Presidencial.

El 8 de febrero de este año la Sala de lo Constitucional avaló la reforma al artículo 70 a la Ley Orgánica de la Fiscalía. La sentencia la firmaron los cinco magistrados.

El miércoles 3 de julio de 2019 Raúl Melara, actual fiscal general, dio a conocer que el país había sido nuevamente aceptado en el Grupo Egmont.

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