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Diputado Guillermo Gallegos solicita declaratoria de guerra contra las pandillas

Con dicha declaratoria, se busca combatir los hechos notorios que las organizaciones criminales realizan dentro de su accionar.

Redacción
FOTO: D1/MIGUEL LEMUS
FOTO: D1/MIGUEL LEMUS

El diputado y vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, presentó una propuesta para realizar una declaratoria de guerra en contra de las pandillas MS-13, Barrio 18, así como otro grupo denominado como terrorista que pretenda “arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado”.

Gallegos argumenta  en su propuesta que las pandillas atentan contra varios derechos ciudadanos, como la libertad de residir en cualquier lugar del territorio, el derecho a la educación a través de las deserciones escolares que provocan al amenazar a estudiantes, al libre tránsito y a la libertad de realizar actividades económicas y laborales.

Eso motiva al diputado por el partido Gran alianza por la Unidad Nacional (GANA) a proponer la declaratoria de guerra contra estos grupos, agregando que ellos son responsables de: “poner en grave riesgo o afectar sistemática e indiscriminadamente los derechos los derechos fundamentales de la población o de parte de ella”.

El legislador busca que con la declaratoria se combatan los hechos notorios que las organizaciones criminales realizan dentro de su accionar, como atentados sistemáticos a la vida, seguridad e integridad personal de la población, incluidos contra autoridades civiles, militares, policiales y penitenciarias.

La propuesta termina con una petición de Gallegos para contar con el apoyo de los diversos grupos parlamentarios. La propuesta fue presentada en la Unidad de Recepción de Correspondencia de la Asamblea Legislativa, de donde se espera que sea conocida por el pleno para luego pasar a estudio de la comisión correspondiente.

La estrategia de seguridad de la administración Bukele

La medianoche del pasado 20 de julio, el gobierno de Nayib Bukele lanzó el plan de seguridad denominado “Control Territorial”, con el que busca arrebatarle a las pandillas el control sobre zonas de importante tránsito ciudadano y actividad económica.

La primera fase del plan consistió en el despliegue de un importante contingente de efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC) a zonas comerciales y de importante concentración ciudadana, a fin de mantener presencia constante y contribuir a la disuasión de los crímenes.

El diputado Gallegos fue uno de los primeros en aplaudir el plan y asegurar que este ya empezaba a dar los frutos pretendidos, a la vez que solicitó la contribución de los demás diputados y otros sectores de la población para que el mismo tenga un éxito que perdure en el tiempo.

“Sé que hay resultados. En lugares donde se exigía extorsión semanal solo para parquear el carro, ya no se hace y los pandilleros han huido”, mencionó el diputado de GANA  días atrás, durante una entrevista televisiva.

Aun cuando el plan generaba dividendos, las autoridades reportaron una serie de ataques contra elementos policiales y de las fuerzas armadas, atribuidas a pandillas. Estos ataques derivaron en algunos casos en la muerte de policías y soldados; por lo que el presidente Nayib Bukele decidió decretar estado de emergencia en los 28 centros penales del país.

Con dicha orden se buscó cortar todo acceso que tuvieran al mundo exterior, los pandilleros internos en centros penales. Si bien dijo que no quiere mantener de manera perenne las medidas, Bukele afirmó que prevalecerán a menos que las pandillas dejen de cometer crímenes en contra de la vida y la tranquilidad de la población.

La primera fase del plan “Control Territorial” trajo también consigo el bloqueo definitivo de las señales telefónicas que todavía salían de los centros penales, aún cuando el gobierno anterior iniciara con la política del bloqueo de dichas señales.

Algunas instancias han cuestionado la implementación de políticas de emergencia tan restrictivas en cárceles. Días Atrás, un juzgado de vigilancia penitenciaria decidió levantar el estado de emergencia decretado en Cárcel de Mujeres ubicado en el municipio de Ilopango, en las afueras de San Salvador.

El argumento del juzgado fue que no había respaldo legal que justificara las medidas impuestas en dicho centro penal, el cual es el más hacinado y el menos vigilado de los 28 recintos carcelarios del país.

El dos de julio pasado, doce días después del lanzamiento de la primera fase del plan de seguridad, el presidente Bukele anunció la segunda fase del mismo, el cual denominó: “Oportunidad”. Con este se busca arrebatar jóvenes a las pandillas con programas de formación profesional en comunidades de alto riesgo.

Además anunció el acompañamiento de ministerios como Cultura, Salud y Educación, así como del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), a aquellas comunidades en riesgo, para que tengan a su alcance los servicios brindados por el Estado.

Para asegurar el debido funcionamiento del plan, Bukele solicitó a la Asamblea Legislativa un refuerzo presupuestario de $91 millones. El mandatario enfatizó en su solicitud en una cadena nacional de radio y televisión desarrollada el miércoles, en la que además aseguró que dicho dinero complementará los aportes que darán países amigos y los recursos obtenidos con ahorros presupuestarios.

La criminalidad es el principal problema que aqueja a los salvadoreños, según diversas encuestas de opinión pública. La mayoría de los hechos delictivos son atribuidos a las maras o pandillas, que en agosto de 2015 fueron declarados como terroristas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

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