El director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), José María Tojeira, dijo hoy a Acan-Efe que es posible que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sea juzgado por violaciones a derechos humanos en un tribunal internacional.
«No me extrañaría que pudiera ser juzgado por violaciones a derechos humanos en el futuro por graves violaciones a derechos humanos, porque tiene un control tan absoluto de las instituciones que no hay manera de hacer un juicio interno», apuntó el jesuita.
Añadió que «tal vez cuando termine su mandato habrá procesos contra él, pero si continúa con cierto control estatal y un afán de cubrir este tipo de crímenes, perfectamente podría ser llevado a juicio internacional».
«El régimen de Ortega ha caído en graves violaciones a derechos humanos, se ha convertido en un régimen represivo de la libertad de expresión, ha promovido y encubierto una enorme cantidad de asesinatos y ha perdido totalmente la legitimidad», sostuvo Tojeira.
El director del Idhuca, quien fue provincial de la Compañía de Jesús para Centroamérica, también rechazó el respaldo que el Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén ha dado a Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
«El régimen de Ortega-Murillo está plenamente involucrado en unas violaciones muy graves a derechos humanos y no debe ser respaldado por El Salvador», sostuvo el religioso, que también lamentó la postura del partido oficialista.
Apuntó que algunos líderes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) han señalado «que no hay pruebas de que se esté matando ahí a la gente» y que eso le recuerda «a los militares de El Salvador durante la guerra civil que decían que no había pruebas de las masacres».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por «asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias».
Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.