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POLÍTICA

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Seguro médico legislativo ocasionará costos políticos a quienes lo aprobaron

Podría haber irregularidades en la forma en como la Asamblea Legislativa decidió contratar una red de servicios médicos privados para cerca de 5000 personas, según el diputado Juan Valiente.

Gerardo Arbaiza
Foto Diario1. Archivo
Foto Diario1. Archivo

La junta directiva de la Asamblea habría formalizado esta semana el acuerdo mediante el cual se autoriza la contratación de un servicio médico privado para diputados y empleados, a un costo de $4.5 millones, según directivos consultados por Diario1 que hablaron en condición de anonimato.

La medida ha despertado una serie de críticas que ha hecho que la mayoría de directivos legislativos se nieguen a fat declaraciones al respecto. Solamente los directivos de ARENA y el diputado Francis Zablah de GANA han expresado su negativa ante este gasto.

Uno de los diputados que tuvo la iniciativa de renunciar al uso de un servicio médico privado pagado por fondos públicos es Juan Valiente de ARENA. Luego que desde el pasado 5 de julio, esta contratación es una realidad, el legislador no se ha guardado para si los cuestionamientos al respecto.

Valiente sostiene que los directivos legislativos que apoyaron la contratación de un millonario servicio médico podrían experimentar costos políticos y además señaló posibles irregularidades en el procedimiento en cómo se contrató el servicio, el cual es distinto a lo que se buscaba adquirir en un principio, que era un servicio brindado por una compañía de seguros.

Dichas irregularidades, añade el diputado, podría llamar la atención de la Corte de Cuentas de la República, llegando a derivar en reparos patrimoniales para los dirigentes que apadrinaron el servicio.

Acá el detalle de las valoraciones de Valiente sobre el tema en esta entrevista con Diario 1:

Al ser uno de los primeros diputados que tuvo la iniciativa de renunciar al uso del seguro médico ¿Cómo valora la contratación que la Asamblea efectuó de servicios privados de salud por $4.5 millones?

Sin duda es un tema de gran rechazo entre los ciudadanos, que por ende va a repercutir en costos políticos para los directivos que lo hayan apoyado. Creo que además del costo reputacional que tiene para los diputados que han apoyado este tipo de privilegios; el tema es que hay un riesgo patrimonial para la junta directiva, porque han decidido seguir el proceso de licitación cambiando los términos del mismo.

¿En qué sentido?

La Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas (LACAP) permite sacar a licitación una vez, si esta se declara desierta se hace una nueva licitación y si esta se declara desierta, entonces se va a contratación directa, pero se va a contratación directa bajo los mismos términos.

Lo que ha sucedido en la Asamblea es que han cambiado los términos porque no se está contratando el seguro que se licitó, sino que un modelo diferente, fundamentado en una red de hospitales para atender emergencias. Eso a mi juicio es una violación clara del proceso requerido por la ley y tiene un riesgo patrimonial altísimo para los que firmen ese acuerdo de junta directiva.

¿Qué riesgo patrimonial encararía cada directivo?

Si la Corte de Cuentas detectara que eso no cumplió con la ley, podría demandar incluso restitución del gasto del Estado.

¿Se ha perdido la oportunidad de dar muestras de austeridad en la Asamblea, al no potenciar una clínica institucional o hacer uso del ISSS como todos los trabajadores públicos?

Yo creo que la estrategia que debió haber usado la Asamblea desde un inicio era fortalecer una clínica institucional de primer nivel con una buena dotación de medicinas y profesionales de salud del Seguro Social y eso hubiera reducido significativamente el gasto en un seguro.

Incluso consideré que para cierto tipo de emergencias se podía contemplar un seguro complementario, aunque siempre creo que es un abuso y un privilegio que no debería de existir, pero en la línea de buscar solución con los empleados legislativos, más que con los diputados, porque para los diputados es más que razonable el renunciar a este privilegio.

Pero lamentablemente se hizo como siempre se ha hecho, buscando un seguro médico amplio, aunque le quitaron la cobertura internacional, la oportunidad que las mujeres pudieran tener sus hijos en Estados Unidos y otros temas, pero dejaron lo esencial y que sigue siendo un seguro amplio y cuestionador de si los diputados somos responsables en administrar recursos públicos, porque ese monto se pudo haber asignado al sistema público de salud.

¿Por qué cree que la Asamblea decidió tomar este camino?

Lo que pasa es que las compañías de seguros ya no se quieren ver involucradas con la Asamblea Legislativa, porque este seguro está tan desprestigiado y ha sido tan criticado que ahora las empresas no tienen la seguridad de brindar este servicio, ya que al final les va a significar un riesgo reputacional.

¿Considera oneroso un gasto de $4.5 millones por una red de servicios médicos privados a nivel nacional?

Claro que es excesivo, pero se debe recordar que quienes tienen seguro en la Asamblea son 5000 personas, 2000 empleados y asesores de fracciones legislativas y 3000 beneficiarios, eso es prácticamente un ejército de personas que tienen seguro.

Además de eso, el plan es establecer una red hospitalaria para atención de emergencias y lo que puede suceder es que la gente, al ver que ya no podrá ir a la clínica privada por cualquier catarrito, irá a emergencias para revisiones generales, lo que podría dar paso a abusos que hará que los costos se incrementen más allá de los $4.5 millones, ya que la atención en las salas de emergencia de los hospitales es más cara que en una clínica privada.

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