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POLÍTICA

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“Reformas a Ley de extinción de dominio debieron ser más integrales”

Diputado Antonio Almendáriz cree que se debió ampliar hacia otros sectores la discusión sobre las reformas a la Ley de Extinción de Dominio.

Gerardo Arbaiza
Foto D1/Rodrigo Sura
Foto D1/Rodrigo Sura

Con el anuncio del presidente Salvador Sánchez Cerén a favor de un sanción a las reformas a la Ley de Extinción de Dominio, pareciera que el debate iniciado hace casi dos meses está zanjado y solo quedará esperar si la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decide pronunciarse sobre esa normativa.

Sin embargo, el diputado Antonio Almendáriz, del PCN, consideró que las reformas a la Ley se tendrían que haber discutido más a fondo, trasladando el debate más allá de las paredes legislativas para considerar el aporte de expertos.

Almendáriz fue uno de los 41 diputados que no votó por las reformas aprobadas el pasado 18 de julio, con las cuales se modificará la forma en como las instituciones aplicadoras de justicia vienen confiscando y trasladando al Estado bienes y patrimonios de grupos delictivos.

El legislador sostiene que la discusión debe trascender más allá de la decisión de Sánchez Cerén de sancionar las reformas, porque a su juicio,todavía queda en el aire qué posición puede tomar la Sala de lo Constitucional sobre la Ley.

Sobre los dos compañeros de su bancada que votaron a favor de la reforma, Almendáriz dice que ellos expresaron su conformidad sobre lo votado y que el tema se había discutido lo suficiente en la fracción, por lo que no se pone en riesgo la unidad partidaria.

Estas son las valoraciones del diputado Almendáriz, luego de concretarse por parte de FMLN y GANA las reformas a la Ley de Extinción de Dominio.

¿Cree que el país puede enfrentar consecuencias con las reformas a la Ley de Extinción de Dominio, dado el rechazo de sectores como la Fiscalía General de la República y la embajada estadounidense?

La Ley sí necesita una actualización para garantizar el debido proceso, pero no en la forma precipitada que se hizo. Antes de votar, nos reunimos con la fracción a analizar y hubo compañeros que votaron porque consideran que la Ley permite abusos y yo lo que estaba diciendo es que se debía hacer reformas, pero que se debía convocar un foro para eso.

¿Qué tipo de abusos estamos hablando?

Existe una figura que se llama “personas de buena fe exentas de culpa”, que es alguien que le compra una propiedad a una persona que legalmente la ha adquirido y al momento de aplicar extinción de dominio, se van de encuentro ellos.

Para eso existía lo de los bienes equivalentes, lo cual fue derogado, y yo dije que era inconveniente; decía que si a una persona si no se le puede quitar lo que de buena fe compró, a este individuo se le quite algo equivalente a lo que vendió ilegalmente, aunque lo tenga legal.

¿Cree que ya debería agotarse cualquier discusión en torno a esta reforma?

Todavía soy de la idea que no solo porque la reforma se aprobó las cosas deban quedar así, porque esto puede ser declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional; pero no hay que parar ahí y se debe realizar un foro con jueces, fiscales y constitucionalistas para que la ley sea lo más justa posible, pero mis compañeros creyeron que ya estaba suficientemente discutida en el seno de la Comisión.

¿Cree entonces que estas reformas fueron precipitadas?

Precipitadas no fueron porque tuvieron estudio de la Asamblea; se le pidió opinión al fiscal general y al ministro de Seguridad y posteriormente se hizo otras propuestas además de la que ya estaba en discusión, por lo que no se puede hablar de precipitación.

Lo que puedo hablar por mi parte es que no voté porque quería que la reforma fuera más integral y que fuera una cosa bien analizada que viniera a mejorar la Ley y no a empeorarla, lo que se va a demostrar en la aplicación, cuando ya esté en vigencia.
Además se debe ver que lo que se propuso en un principio no fue lo que se votó al final, porque antes se pedía reformar solo un artículo y ahora se reformaron varios artículos.

Se especula que de los 43 diputados que votaron estas reformas, 37 tienen expedientes abiertos en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia ¿Cómo se entiende este mensaje?

La Constitución dice que hasta que no se conozcan los resultados de las investigaciones de Probidad, estas deben ser privadas y se estaría violando la Ley al conocerse de antemano que serían 37 diputados investigados, cosa que a mí no me consta.

¿Cómo valora el Consejo Ejecutivo Nacional del PCN el hecho que de sus seis diputados dos hayan aprobado las reformas a la Ley de extinción de dominio y cuatro no?

El Consejo Ejecutivo Nacional del PCN da valoraciones sobre lo que se piensa de una reforma en concreto, no de cómo debemos de votar y cuando mis compañeros votaron a favor de las reformas, no fue de forma precipitada, porque en la Comisión de Legislación no se discutió una o dos veces, sino que tuvimos más de dos meses para la discusión.

La propuesta inicial no se votó porque era completamente aberrante, pero hice ver que al aplicarse no se estaba respetando el debido proceso.

¿Estas reformas podrán ser retroactivas a favor de quienes tienen juicios abiertos de extinción de dominio?

Lo que yo crea no tiene validez. Hay que ver lo que suceda en los juzgados.

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De acuerdo con informes enviados por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia a la Corte Plena, a los cuales tuvo acceso la Revista Factum, dentro de los 43 diputados que votaron para avalar las reformas a la Ley de Extinción de Dominio se encuentran 37 que actualmente son investigados por Probidad para determinar posibles irregularidades en su incremento patrimonial.

Entre estos 37 diputados podemos encontrar a cinco de los mocionantes de las reformas, como René Portillo Cuadra de ARENA y Jackeline Rivera del FMLN. En un principio estos diputados propusieron  reformar el artículo 76 de la ley, para darle esta redacción: “los bienes objeto de medida cautelar podrán pasar a la administración del CONAB (Consejo Nacional de Administración de Bienes) siempre y cuando no haya oposición del titular”.

Las reformas finalmente se enfocaron en más artículos de la Ley, entre estas se encuentran que los bienes estarán en depósito mientras se realiza el proceso judicial contra los imputados y el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) podrá administrar esos inmuebles solo si existe justificación suficiente.

Además, la Ley de Extinción de Dominio será aplicada cuando los procesado sean vencidos en juicio.

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